Volvió el déficit pese a la licuadora, la motosierra y a la aplanadora
viernes 08 de marzo de 2024
El gobierno de Javier Milei ha impuesto medidas drásticas con la promesa de reducir el gasto estatal y alcanzar el tan ansiado déficit cero. Sin embargo, estas acciones han dejado un rastro de padecimientos para millones de argentinos, especialmente los más vulnerables.
Bajo la consigna de reducir los gastos del Estado, se han recortado servicios esenciales y se ha liberado el precio de los alimentos, lo que ha llevado a más de 24 millones de personas a la pobreza.
Los recortes del poder adquisitivo vía licuación en jubilaciones, salarios y activos, junto con despidos masivos de trabajadores, han contribuido a mantener un superávit primario ficticio.
A pesar de los fuertes recortes en gastos vinculados a las jubilaciones, asignaciones familiares, subsidios económicos y transferencias a las provincias, el término "déficit" ha regresado a las cuentas públicas con un resultado financiero negativo de $186.635 millones en febrero.
El aumento en los pagos de intereses de deuda ha sido uno de los principales factores detrás de este déficit, lo que muestra la carga que representa el endeudamiento para el país.
Aunque se ha destacado un superávit primario, este no tiene en cuenta el pago de intereses de deuda y se ha logrado a costa de recortes en prestaciones sociales, subsidios energéticos y transferencias a provincias.
Los adultos mayores son uno de los grupos más afectados por estos recortes, con una reducción del 33,9% en las jubilaciones y pensiones.
La pérdida de poder adquisitivo es evidente, con aumentos insuficientes que no compensan la inflación, dejando a muchos jubilados en una situación precaria. Además, los recortes en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) han afectado la calidad de la atención médica, en un momento en que los costos de la salud están en aumento.
El ajuste también se ha sentido en la entrega de subsidios energéticos, lo que anticipa aumentos en las tarifas en los próximos meses. Esto impactará aún más en el bolsillo de los argentinos, especialmente en un contexto de estancamiento económico y congelamiento salarial.
Los recortes en transferencias a provincias han generado tensiones con los gobernadores, afectando la prestación de servicios básicos en las regiones. La falta de inversión en infraestructura y servicios públicos empeora la calidad de vida de la población y profundiza las desigualdades regionales.
En resumen, las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei han generado más problemas que soluciones para los argentinos.
Es necesario y urgente buscar un equilibrio entre la reducción del gasto público y la protección de los derechos sociales, para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para todos los ciudadanos.