Defensoría del Pueblo de Formosa advierte un cierre encubierto de Vialidad Nacional y pide frenar el vaciamiento

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa denunció que el Gobierno nacional avanza en un proceso de “desguace” de la Dirección Nacional de Vialidad, al advertir que las medidas administrativas en curso apuntan a un cierre encubierto del organismo y ponen en riesgo directo a todos los usuarios de la red vial del país.

Desde la Defensoría provincial se remarcó que, mientras este jueves se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el caso de Vialidad Nacional expone —según señalaron— una violación “taxativa, impune y total” al funcionamiento de los poderes del Estado y a la Constitución Nacional, ya que continúan avanzando decisiones del Poder Ejecutivo pese a que la Justicia y el Congreso habrían desestimado la posibilidad de desmantelar el organismo.

De acuerdo al documento difundido, la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para convertirse en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. En ese marco, el Estado nacional dejaría de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial.

En este contexto, el defensor del pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que se abstengan de adoptar, impulsar o ejecutar cualquier medida que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento o desnaturalización de Vialidad Nacional. 

El pedido incluye que no se avance en la eliminación de funciones operativas sustantivas, en reducciones estructurales incompatibles con los fines legales del organismo, ni en la transferencia de competencias esenciales al sector privado, ni en su reconversión en un simple ente de planificación o fiscalización, en detrimento de su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la red vial.

Según expresó, este tipo de medidas resulta contrario al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal. Además, advirtió que las consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial serían especialmente graves en las regiones más postergadas del país, como el Norte Grande Argentino. 

La Defensoría del Pueblo de Formosa subrayó que la Dirección Nacional de Vialidad fue históricamente una herramienta clave para la integración territorial, el desarrollo federal y la equidad social, garantizando la presencia del Estado en lugares donde el mercado no llega por no resultar rentables, como rutas para pueblos pequeños, caminos productivos y conectividad para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

En el mismo sentido, alertaron que el nuevo modelo impulsado por el Gobierno nacional transforma a la infraestructura vial en un negocio y al territorio en una variable de rentabilidad. Bajo ese esquema, sostuvieron que los usuarios viales pasarán a afrontar peajes significativamente más caros, mientras se consolida un negocio privado a costa de la seguridad, la integración y la vida de los argentinos.

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Finalmente, el ombudsman provincial hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o a la desaparición de Vialidad Nacional.