sábado 24 de febrero de 2024

La educación y la salud no pueden ser mercancías

viernes 09 de febrero de 2024
En medio del debate sobre el rol del Estado en la sociedad, surge una propuesta que no solo resulta alarmante, sino peligrosa: la idea de convertir la educación en una mercancía.
 
Javier Milei, conocido por sus posturas extremas en materia económica, aboga por un modelo donde la educación se rija por las leyes del mercado. Pero ¿a qué costo?
 
El concepto de educación y salud universal y gratuita es fundamental en una sociedad justa y equitativa.
 
Garantizar el acceso a una educación de calidad y a servicios de salud sin importar el estatus socioeconómico es una piedra angular en la construcción de un país próspero y justo.
 
La educación y la salud no pueden ser privilegios de unos pocos, sino derechos inalienables de todos los ciudadanos.
 
La propuesta de Milei refleja un pensamiento fanático donde incluso las personas son consideradas mercancías, cuyo valor se determina únicamente por su capacidad de generar ganancias en el mercado.
 
Esto es preocupante, ya que relega el bienestar humano a un segundo plano, priorizando el lucro por sobre la dignidad y el acceso equitativo a servicios básicos.
 
La eliminación del subsidio al transporte es solo un ejemplo de cómo esta visión impacta negativamente en la vida de millones de personas, especialmente en las provincias donde el acceso a servicios es más limitado.
 
La falta de un enfoque integral y equitativo en las políticas públicas deja desamparadas a las comunidades más vulnerables.
 
Las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la necesidad de cautela en la distribución de recursos, evidencian una preocupante tendencia a priorizar el equilibrio fiscal sobre la justicia social.
 
Si bien es importante gestionar responsablemente los recursos, no puede ser a expensas de los más necesitados.
 
El Gobierno de Milei propone un “plan social” para colegios privados, que en la práctica ha demostrado ser ineficaz e injusto. Las subas desproporcionadas en las tarifas de energía eléctrica, gas y transporte y el aumento de la concurrencia de personas a comedores sociales son señales claras de que este modelo no funciona en forma dogmática.
 
Además, el favorecimiento a instituciones religiosas no garantiza transparencia y la falta de equidad en la distribución de recursos socava los principios democráticos de nuestro país.
 
Es imperativo encontrar un enfoque económico que apunte al equilibrio fiscal pero que no sacrifique los derechos básicos de los ciudadanos más vulnerables.
 
No podemos permitir que el ajuste económico recaiga únicamente sobre los hombros de los que menos tienen, mientras se beneficia a los privilegiados que pueden costear servicios privados.
La verdadera justicia social solo se logra cuando todos tienen acceso equitativo a oportunidades y servicios básicos, sin distinción de clase o estatus.