Pozo del Tigre: acusan malversación de fodos nacionales recibidos después del tornado

La legisladora Provincial de Cambiemos sospecha que los cien millones destinados a las obras no fueron invertidos en su totalidad, y que muchos vecinos siguen esperando aun el brazo solidario prometido por el Estado.

El detenido ex secretario de Obras Públicas José López, de la gestión de Cristina Fernández, participó del proceso administrativo de adjudicación de los 97 millones destinados.

La diputada provincial Noelia Luna se inmiscuirá “de lleno” en el proceso que arrancó a fines de 2010, donde un acuerdo entre Cristina Fernández y Gildo Insfran dejó en manos de la provincia de Formosa casi cien millones de pesos para recuperar a Pozo del Tigre del desastre en que quedó inmerso luego del paso de un violento tornado sobre su población.

“Se construyeron varios edificios públicos, viviendas y otras obras públicas menores; pero a casi 8 años de la tragedia, la sensación colectiva es que el dinero bajado está muy lejos del utilizado”, consideró la legisladora de Cambiemos, que en las próximas horas distribuirá varios pedidos de informes a las autoridades locales y nacionales.

“Pretendo determinar cuánto dinero vino, conocer el plan de obras y que empresas se encargaron, en cada caso, de la ejecución de los trabajos”, justificó, al detallar la dirección de los informes que exigirá.

“La sensación que tenemos los tigrenses es que se gastó mucho menos de lo que vino; muchas viviendas, por ejemplo, fueron mal hechas, e incluso decenas de vecinos jamás accedieron a su casa, porque también se hizo un uso político de todo esto”, dijo.

El 21 de octubre de 2010 la localidad del Centro-Oeste provincial de Pozo del Tigre sufrió uno de los peores fenómenos naturales de su historia al quedar en el epicentro de un tornado que provocó oficialmente la muerte de 4 personas (aunque muchos hablan de más), decenas de heridos y de cientos de pozotigrenses que perdieron completamente sus viviendas.

El desastre natural causado a la población fue de tal magnitud que a los pocos días de ocurrido el siniestro, la presidenta Cristina Fernández se reunió con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el subsecretario del área, Julio López, donde firmaron un convenio para que el Gobierno invierta 97 millones de pesos en la reconstrucción del pueblo. Según el convenio, nación se comprometía a la “construcción de nuevas viviendas y reparación de las dañadas; obras de pavimentación; recuperación de infraestructura escolar y construcción de edificios públicos dañados por la catástrofe natural”.

INTERROGANTES

Sin embargo, a pocos años de comenzada la reconstrucción, en base a denuncias de pobladores, las obras presentaban un serio atraso general, con situaciones dispares según las necesidades urgentes de vecinos, donde había situaciones extremas de experiencias.

Entre otras explicaciones al retraso de obra, varios obreros de la construcción –y encargados de obras en estricto off the record- confirmaban que la falta de pago a las empresas de sus certificados de obra obligó a que éstas suspendieran los trabajos, por lo que a cinco meses de aquel tornado, la localidad seguía padeciendo sus efectos negativos en su infraestructura.

Reconocidos vecinos relataron la fragilidad con las que se construyen o refaccionan las viviendas dañadas, situación que se comprobó al mes del tornado, cuando otra ráfaga de viento y lluvia volvió a llevarse literalmente los techos de las casas que habían sido reparadas.

Muchos alegaron y describieron la precariedad de los materiales de construcción a la que se exponían las empresas con la finalidad de ahorrar costos y maximizar ganancias.

“Ni hierro le ponen a las casas nuevas, y en vez de ponerle un hierro de la medida del 10, le ponen un hierro del 6, mucho más débil” explicó un ex oficial de obra.

Según el profesional, “en vez de poner 20 baldes de arena para una bolsa de cal, te hacen poner 40, y el resto comió la vaca, el capataz y la empresa. Y así no nos pagan, porque hay gente que no tiene ni para volver, ni para viajar”.

En septiembre de 2013, el gobernador Gildo Insfrán dijo que la reconstrucción de Tigre fue “obra de una empresa solidaria” al dar por concretada la obra, y reconoció el apoyo decidido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando que tomó decisiones inmediatas cuando todavía no había podido iniciar su duelo por el fallecimiento de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre del mismo año.

Significó que ese apoyo se tradujo en más de un millar de obras habitacionales, educativas, sanitarias y de servicios esenciales de modo tal de devolverle la fe y la esperanza a los pobladores que, según lo interpreta, supieron interpretar el desafío y trabajaron colectivamente para llegar a este momento refundacional.

Empero, hoy, a casi ocho años del fenómeno, de la fuerte inversión estatal, y, principalmente, de la andanada de denuncias sobre corrupción en la obra pública que sacude a la gestión kirchnerista, los 97 millones adjudicados a la reconstrucción despierta todo tipo de sospechas. “No tengo dudas, sobre que la mano sucia de esos funcionarios nacionales, en connivencia con algunos de acá, seguramente, se posaron sobre parte del dinero destinado a gente que la pasó muy mal”, apreció Noelia Luna.