Cuando la violencia retrocede a la sociedad

El brutal ataque a una adolescente de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Morón no es un hecho aislado ni un simple episodio policial. Es una señal de alarma. Un espejo incómodo que nos devuelve una imagen preocupante del estado de nuestra convivencia social, del lugar que les damos, o les negamos, a quienes son diferentes, y del retroceso que implican ciertas conductas en una sociedad que dice avanzar en inclusión.

Lee también: Brutal ataque a adolescente con autismo desató indignación social en Morón

En tiempos donde la información sobre el espectro autista es cada vez más accesible, donde profesionales, familias, docentes, organizaciones sociales y personas con discapacidad vienen construyendo, desde hace años, puentes de comprensión, empatía y derechos, este tipo de agresiones expone una contradicción dolorosa: el conocimiento existe, pero no siempre se traduce en respeto.

El ataque a esta adolescente no solo lesionó su cuerpo; golpeó de lleno un proceso colectivo de concientización que costó décadas. Porque cada acto de violencia basado en la condición de una persona dinamita el esfuerzo de miles que trabajan por una sociedad más justa, más empática y más humana.

No se trata únicamente de un problema de seguridad. Es un problema cultural, educativo y sanitario. El desconocimiento, el prejuicio y la estigmatización siguen siendo caldo de cultivo para el odio. Y cuando ese odio se manifiesta contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el daño se multiplica.

El año pasado, dos chicos con TEA se quitaron la vida tras sufrir situaciones prolongadas de bullying. Dos historias que deberían haber marcado un antes y un después. Dos tragedias que dejaron al descubierto una falla sistémica: escuelas que no siempre logran intervenir a tiempo, entornos que naturalizan la burla, adultos que minimizan el sufrimiento, y una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado.

El bullying no es “cosa de chicos”. Es violencia. Y cuando esa violencia se ejerce sobre personas con TEA, cuyos modos de comunicación, conducta o sensibilidad pueden diferir de la norma, el impacto psicológico puede ser devastador. Las estadísticas de salud mental lo confirman: la población dentro del espectro tiene mayor riesgo de ansiedad, depresión y conductas suicidas cuando no cuenta con redes de contención reales.

Hablar de inclusión no puede reducirse a discursos, fechas conmemorativas o campañas esporádicas. La inclusión se prueba en lo cotidiano: en la escuela, en la calle, en el barrio, en las redes sociales, en la capacidad de intervenir cuando alguien es atacado por ser quien es.

El caso de Morón interpela al Estado, a las instituciones educativas, a los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto. No alcanza con condenar el hecho: es imprescindible reforzar políticas públicas de prevención, educación emocional, acompañamiento a las familias y protección efectiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Cada retroceso se paga caro. Y cuando la violencia se ensaña con los más vulnerables, no solo falla la seguridad: falla la sociedad entera. La inclusión no es una concesión; es un derecho. Y defenderla es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia.