Tenés, que hacer lo que yo digo, no lo que yo hago

La palabra “intervención” en Formosa parece tener dos significados distintos según quién la pronuncie y qué intereses estén en juego. Cuando se habla de una eventual intervención federal a la provincia, el oficialismo se envuelve rápidamente en la bandera del federalismo, la autonomía provincial y la defensa de las instituciones. Aparecen funcionarios, legisladores, dirigentes sindicales y hasta sectores religiosos repitiendo el mismo libreto: “no permitiremos que avancen sobre la voluntad del pueblo formoseño”. 

El discurso se vuelve épico, casi patriótico. Pero la gran contradicción aparece cuando uno observa lo que ocurre puertas adentro de la propia provincia. Porque quienes hoy se rasgan las vestiduras hablando de institucionalidad son los mismos que han naturalizado durante años la intervención permanente de organismos esenciales del Estado provincial. Ahí el federalismo desaparece. Ahí la autonomía ya no importa. Ahí la democracia interna parece molestar.

¿Cómo puede hablarse de respeto institucional cuando organismos fundamentales como la Junta de Clasificación Docente, el Instituto de Asistencia Social y tantos otros espacios estratégicos funcionan durante años bajo mecanismos de control político, prórrogas, designaciones eternas o estructuras intervenidas que impiden la verdadera participación democrática? ¿No es acaso eso también una forma de intervención? ¿O la palabra solo se vuelve grave cuando amenaza al poder central de la provincia y no cuando sirve para conservarlo?

El problema no es solamente jurídico o administrativo. El problema es moral y político. Porque el discurso oficial pretende instalar que la intervención federal sería un atentado contra la democracia, mientras al mismo tiempo se vacían de contenido democrático organismos que deberían ser autónomos, transparentes y representativos. Es decir: se condena la intervención cuando viene de afuera, pero se la ejerce sin pudor cuando sirve para controlar desde adentro.

Ese doble discurso revela algo mucho más profundo: el miedo a perder el monopolio del control. Porque un organismo independiente incomoda. Una junta verdaderamente autónoma puede cuestionar privilegios. Un instituto manejado con transparencia puede impedir favoritismos. La lógica del poder absoluto necesita estructuras subordinadas, no instituciones libres.

Y ahí aparece una de las tragedias políticas de Formosa: se ha confundido Estado con gobierno y gobierno con una sola figura. Todo termina orbitando alrededor de la voluntad del poder político. Las instituciones dejan de pertenecer a la sociedad para convertirse en extensiones partidarias. Entonces ya no importa la ley, ni la alternancia, ni la pluralidad; importa la obediencia.

Muchos de los que hoy levantan la voz contra cualquier posibilidad de intervención federal jamás dijeron una palabra sobre las intervenciones internas que llevan décadas afectando organismos provinciales. Nunca reclamaron elecciones transparentes, normalización institucional ni límites temporales reales. Guardaron silencio porque el sistema los beneficia, los acomoda o simplemente les garantiza supervivencia política. Mucha plata fácil como asesores de gildo, pomelo, manzana o naranja y mango.

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Y ese silencio también construye complicidad. Porque no se puede defender la democracia solamente cuando conviene. No se puede hablar de República mientras se naturaliza el control perpetuo de organismos públicos. No se puede denunciar concentración de poder nacional mientras se ejerce concentración absoluta en el territorio propio.

El verdadero federalismo no consiste en blindar eternamente a un gobierno provincial frente a cualquier crítica externa. El verdadero federalismo se construye fortaleciendo las instituciones locales, permitiendo controles independientes y garantizando que ningún espacio del Estado quede secuestrado por intereses políticos permanentes.

Si de verdad se quiere defender a Formosa, entonces habría que empezar por devolverle institucionalidad a los propios formoseños. Porque la democracia no se mide solamente por votar cada cuatro años. También se mide por la capacidad de una sociedad de tener organismos libres, transparentes y no sometidos al poder de turno. 

No es honrar al general, con viva Perón y Evita de la boca para afuera. El dicho y el hecho deben ir juntos, para no tener que depender de juicios de valor. Siempre un botón para muestra es suficiente, de entes intervenidos durante años en Formosa:

Junta de Clasificación de Educación Inicial
Junta de Clasificación de Educación Primaria
Junta de Clasificación de Educación Secundaria
Junta de Clasificación de Educación Superior
Instituto de Asistencia Social (IAS)
Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP)
Caja de Previsión Social (CPS)
Instituto de Pensiones Sociales (IPS)
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP)
Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA)
Instituto PAIPPA
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos
Algunas áreas descentralizadas del sistema educativo y organismos autárquicos provinciales.

En el caso de las Juntas de Clasificación, el propio Estatuto Docente provincial establece que deberían tener integración con representantes docentes elegidos democráticamente. Respetar el estatuto docente Ley 931/90 para algunos amigos o compañeros y para otros la ley inflexible  también es doble discurso.

Queda a criterio de cada individuo las conclusiones subjetivas y cinematográficas del por qué y para que.

Autor: Roberto Verdún