Cuando el ajuste tiene rostro de jubilado

Las palabras no son inocentes. Cuando Patricia Bullrich define al PAMI como “un gasto brutal”, no comete un exabrupto aislado: desnuda con brutal honestidad la verdadera intención del gobierno de Javier Milei. No se trata de eficiencia, ni de modernización, ni de corregir abusos. Se trata de decidir quién merece vivir con dignidad y quién es considerado un estorbo presupuestario.

Para esta lógica, el problema no es la mala gestión ni la corrupción que históricamente atravesó al sistema. El problema son los jubilados. Son los cuerpos que envejecen, las enfermedades que llegan, los medicamentos que cuestan, los tratamientos que no pueden esperar. El “déficit”, para esta mirada, tiene arrugas.

Comparar al PAMI con “una aseguradora donde todos los autos chocan” no es solo una metáfora desafortunada: es una declaración ideológica. Reduce a millones de personas a una estadística incómoda, a un número rojo en una planilla de Excel. Deshumaniza a quienes trabajaron toda su vida, aportaron durante décadas y hoy solo reclaman lo mínimo: atención médica para no morir antes de tiempo.

Más de cinco millones de jubilados y pensionados dependen del PAMI para acceder a medicamentos, prótesis, tratamientos oncológicos, diálisis. No es un privilegio. Es un derecho. Llamarlo “gasto” es una forma elegante de justificar el abandono. Es preparar el terreno para el recorte, el vaciamiento y, finalmente, la privatización encubierta.

El gobierno de Milei repite que no hay plata, pero siempre hay margen para beneficiar a los grandes grupos económicos, reducir impuestos a los más ricos o pagar una deuda que nadie votó. La motosierra nunca apunta hacia arriba. Siempre corta donde duele menos electoralmente: en los jubilados, en los enfermos, en los que ya no pueden salir a la calle a defenderse.

Cuando un gobierno considera la salud de los adultos mayores como un problema económico, no está proponiendo una reforma estructural. Está mostrando su desprecio por la vida cuando deja de ser rentable. Y eso no es liberalismo: es crueldad organizada como política de Estado.