lunes 23 de febrero de 2026

Quitar el femicidio es mirar para otro lado mientras siguen matando

La eliminación de la figura de femicidio implica un grave retroceso que invisibiliza la violencia machista, debilita la protección estatal y envía un mensaje de impunidad en un país con una mujer asesinada cada 39 horas.
martes 02 de diciembre de 2025

El proyecto del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio del Código Penal pretende disfrazarse con un discurso de “igualdad ante la ley”, pero en realidad representa un brutal retroceso civilizatorio que desprotege a mujeres —y también a niñas, niños y adolescentes— en un país donde la violencia de género sigue siendo un flagelo masivo.

Los datos oficiales no pueden ignorarse: en 2025 hubo 229 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas vinculadas por violencia de género, un total de 247 muertes letales. Eso equivale a una víctima directa cada 39 horas.

Quitar la categoría de femicidio significa volver a tratar esos asesinatos como homicidios comunes, sin reconocer su motivo real: la violencia machista. Significa borrar la especificidad de un crimen que nace del patriarcado, del control, del odio de género. Significa invisibilizar a quienes mueren por ser mujeres.

Desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, este paso es inadmisible: la categoría “femicidio” existe porque la violencia contra las mujeres no es un problema individual sino estructural —y así debe visibilizarse, investigarse y sancionarse. Renunciar a esa categoría equivale a renunciar a la voluntad de enfrentarlo como lo que es: una emergencia social.

Además, hay que pensar en las consecuencias prácticas: menores que pierden a sus madres y quedan —literalmente— desamparados, familias destruidas, agresores que quedan con un tratamiento penal más laxo, causas judiciales desdibujadas. Las víctimas no son números: son vidas arrebatadas, historias truncadas, infancias destrozadas.

Eliminar la figura de femicidio no corrige injusticias: las favorece. Minimiza los crímenes de género, debilita los mecanismos de prevención y acompañamiento, envía un mensaje de impunidad. Es una decisión que, en el fondo, legitima el machismo institucional.

Este proyecto no es una reforma neutra: es una apuesta al olvido. Y frente a ese olvido —a ese intento de borrar de un plumazo tanta sangre derramada— debemos responder con firmeza: no hay “igualdad ante la ley” posible si no hay justicia para quienes murieron por ser mujeres.

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