25N: entre el ajuste y la urgencia

Este año, Argentina volvió a estremecerse ante una cifra insoportable: los femicidios siguen siendo una realidad estructural. Mientras las violencias se multiplican, el Gobierno nacional responde con la tijera: desfinancia programas esenciales, desmantela equipos territoriales y convierte las políticas de género en un blanco ideológico, más que en una obligación de Estado.

El Presupuesto 2026 que propone Milei profundiza esa lógica perversa. Según ACIJ y ELA, los fondos para prevenir y atender la violencia de género sufren una caída del 89 % respecto a 2023. Programas fundamentales como Acompañar, que en 2023 atendía a más de 100.000 personas en situación de violencia de género, perdieron el 90 % de su presupuesto en 2024 y directamente desaparecen como partida identificable desde 2025. La Línea 144, el canal de emergencia vital para víctimas, redujo sus fondos a dos tercios en 2024, y en 2026 no tiene una línea presupuestaria clara. 

La consecuencia de este desmantelamiento no es teórica: según MuMaLá, una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina. Estos femicidios son la cara más violenta de una política que decide recortar justo donde se protege la vida.

En salud sexual y reproductiva, el retroceso es brutal: el Plan ENIA para la prevención del embarazo adolescente se reduce un 85 %, mientras que la Educación Sexual Integral (ESI) queda reducida prácticamente a polvo presupuestario: apenas $239 millones, apenas el 2 % de lo ejecutado en 2023, y sin metas de capacitación docente ni asistencia provincial. 

No es un “ajuste fiscal”: es una decisión ideológica. El gobierno de Milei ha borrado el carácter específico de “violencia de género” para hablar en términos vagos de “violencia familiar o delitos contra la integridad sexual”, diluyendo así la visibilización y el abordaje de la violencia machista como problema estructural. Además, esto incumple con la Ley 26.485, que exige presupuesto bien definido para erradicar la violencia contra las mujeres. 

En paralelo, se está avanzando en desmantelar la institucionalidad feminista: Milei ya eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ha calificado al feminismo como una “agenda ideológica inútil”. 

Y lo más grave de todo: según organizaciones defensoras de derechos humanos, este gobierno impulsa la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal argentino.
                                                                                          Si esto llegara a concretarse, no solo habría un retroceso simbólico profundo: dejaría de tenerse en cuenta la dimensión de género en esos asesinatos, borrando la especificidad y la gravedad particular que supone un crimen por misoginia.
En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la brecha entre las urgencias sociales y la agenda del Gobierno no es solo obscena: es mortal. ¿De qué “libertad” habla Milei cuando está desmantelando los refugios, cuando recorta la línea de emergencia, cuando vacía los dispositivos de prevención? Su neutralidad no es otra cosa que abandono.
Desfinanciar las políticas de género no es un error técnico: es una forma de violencia institucional que deja a mujeres y diversidades vulnerables sin red, sin respaldo, sin futuro. La marea feminista lo sabe: cada recorte es una amenaza concreta para la vida. No se trata solo de ideas, sino de personas que no pueden esperar.