Jujuy: tierra de desalojos, reformas ilegales y represión social

Desde la reforma constitucional impulsada en 2023 por el gobierno de Jujuy, aprobada en un clima de fuerte represión policial y protestas masivas, se profundizó un escenario de conflicto territorial, vulneración de derechos y criminalización de la protesta en la provincia.

Diversas organizaciones sociales e indígenas denuncian que la reforma desconoce leyes nacionales vigentes, como la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe los desalojos de comunidades originarias mientras se lleva a cabo su relevamiento territorial.

Esperanza Pereira, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, señala que en localidades como Palpalá, Guerrero, La Quiaca Vieja y Cueva del Inca los desalojos se volvieron frecuentes. En La Esperanza, una zona históricamente habitada por familias ligadas al antiguo ingenio azucarero, se están desmontando tierras cedidas a los pobladores con el objetivo de avanzar sobre ellas con desarrollos inmobiliarios.

La situación también alcanza a productores campesinos como Facundo Velázquez, de Altos de Yala, quien fue detenido sin orden judicial, en lo que se denuncia como un claro ejemplo de persecución y criminalización hacia quienes defienden su derecho a la tierra.

La problemática en Jujuy no se limita al conflicto territorial. Según señalan referentes sociales, la provincia continúa siendo una de las que registra mayor número de femicidios en el país, y los ataques a sectores vulnerables, como vendedores ambulantes y feriantes, son cada vez más frecuentes. A esto se suma la presión sobre asentamientos precarios y familias no organizadas, que también sufren desalojos.

Un caso que causó conmoción fue el asesinato de Ivo Torres, un joven que transportaba hojas de coca y golosinas cerca de la frontera con Bolivia. La Gendarmería lo persiguió y lo mató en febrero de este año, en el marco del Plan Güemes, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para reforzar la presencia de fuerzas federales en la frontera. Si bien inicialmente hubo seis oficiales detenidos, hoy solo dos permanecen en esa condición, y se teme que puedan ser liberados sin consecuencias.

Mientras tanto, pequeños productores y familias campesinas continúan resistiendo en condiciones extremadamente precarias: sin acceso a luz, transporte ni servicios básicos. "Muchos salen a vender a pie o en burro porque ni colectivos tienen", cuenta Esperanza Pereira. “Nos cuidamos de la policía, de los desalojos, del precio del alquiler... pero seguimos trabajando la tierra”.

Las denuncias apuntan a un entramado en el que confluyen intereses judiciales, empresariales, políticos y mediáticos, con un claro objetivo: avanzar sobre los territorios rurales a costa de quienes históricamente los habitan y trabajan.