El Decreto 1107: Abogados de DDHH alertan que allana el camino para la represión de la protesta

El reciente Decreto 1107/2024, publicado el 19 de diciembre en el Boletín Oficial, generó una fuerte preocupación en el ámbito jurídico y de los derechos humanos. En una entrevista con el programa La Otra Mirada de FM Espacios, la Dra. Mariana Chiachio, abogada del Centro de Abogados de Derechos Humanos (CADHU), expresó su rechazo a la normativa, que, según ella, habilita la intervención de las fuerzas armadas en situaciones que previamente estaban prohibidas por la ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, destinadas a regular las intervenciones dentro del país en situaciones de orden interno.

Chiachio subrayó que el decreto permitiría, por simple solicitud del Ministro de Defensa, Patricia Bullrich, el despliegue de las fuerzas armadas para abordar “problemas internos” que, según el texto, podrían incluir “amenazas terroristas” o la protección de “objetivos de valor estratégico”, un término ambiguo que, según la abogada, puede prestarse a diversas interpretaciones peligrosas.

“¿Qué es un objetivo de valor estratégico que justifique la intervención de las fuerzas armadas dentro del país?”, cuestionó, señalando que esta definición difusa podría abrir las puertas a abusos de poder por parte de funcionarios del Ejecutivo.

La Dra. Chiachio consideró que el decreto representa un retroceso en términos democráticos y de respeto a los derechos humanos, especialmente en el contexto de un gobierno que, según dijo, viene adoptando políticas cada vez más autoritarias.

La abogada hizo referencia a los disturbios en la votación de la Ley de Bases en junio, cuando el gobierno, a través del fiscal Stornelli, acusó a los manifestantes de intentar un golpe de Estado, acusación que finalmente fue desestimada por la justicia. Para Chiachio, este tipo de discurso de “golpe de Estado” justifica, en la práctica, la intervención de las fuerzas armadas en manifestaciones sociales y protestas, lo que representa un riesgo para los derechos democráticos.

Además, la abogada denunció que, junto con la aprobación de estos decretos, el gobierno vienen adoptando una serie de medidas legales que intensifican la represión y violan los derechos fundamentales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, como los trabajadores y las comunidades originarias.

Mencionó también el protocolo contra los cortes de calle aprobado por Patricia Bullrich en diciembre del año pasado, que, según Chiachio, viola derechos fundamentales, como el derecho a la protesta, y fue cuestionado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Criminalización de la protesta

La Dra. Chiachio también denunció un patrón de criminalización de la protesta social. En 2024, durante las manifestaciones, hubo más de mil personas heridas y más de 70 criminalizadas, entre ellas 50 trabajadoras de prensa. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y de las acciones judiciales presentadas por el CADHU, la Corte Suprema aún no ha resuelto la inconstitucionalidad del protocolo.

En cuanto a la política parlamentaria, criticó la actitud de muchos diputados y senadores, a quienes acusó de proteger los intereses del gobierno en lugar de defender los derechos de la población. A excepción de los legisladores del Frente de Izquierda, que, según ella, siempre apoyan a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, el resto facilitó la aprobación de leyes que, a su juicio, perpetúan el saqueo y la explotación de los recursos naturales en beneficio de las élites.

La abogada concluyó su intervención con un llamado de alerta. Según su perspectiva, el avance de medidas como el Decreto 1107/2024 no solo intensifica la represión en el país, sino que también socava los principios democráticos que fueron cuidadosamente preservados durante décadas. En este sentido, consideró que el gobierno está violando derechos fundamentales, como el derecho a la protesta, y avanza hacia un modelo autoritario que pone en riesgo las libertades individuales de la sociedad.

El CADHU y otras organizaciones de derechos humanos continúan luchando en los tribunales para frenar estos avances, pero la Dra. Chiachio teme que la situación empeore si no se toman medidas concretas para frenar el abuso de poder que, según ella, se está consolidando bajo el amparo de decretos y resoluciones del Ejecutivo. La preocupación, remarcó, es que este tipo de normas abran la puerta a un control aún más estricto de la sociedad, donde las fuerzas armadas y la represión se conviertan en herramientas de control político y social.