OPINIÓN
Ángel: la tragedia que algunos usan para mentir y otros para no responder
La muerte de Ángel no admite eufemismos ni atajos discursivos. No fue un accidente, no fue un desenlace imprevisible, ni mucho menos una “falla aislada”. Fue el resultado de una cadena de omisiones estatales que, lejos de ser excepcionales, exponen una estructura que llega tarde, mal o directamente no llega cuando se trata de proteger a los más vulnerables.
Con el correr de los días, comenzaron a conocerse avances en la investigación que no hacen más que confirmar lo que desde el inicio resultaba evidente: hubo alertas, hubo intervenciones previas, hubo instancias donde el Estado estuvo presente, pero actuó sin eficacia, sin articulación y sin la urgencia que el caso requería. Es decir, estuvo, pero no protegió. Y esa diferencia es decisiva.
Los informes preliminares y las reconstrucciones del caso empiezan a delinear responsabilidades concretas. No se trata de una abstracción. Hay decisiones —o la ausencia de ellas— que deben ser revisadas en profundidad. ¿Por qué no se tomaron medidas de resguardo más firmes? ¿Por qué no hubo seguimiento sostenido? ¿Quién evaluó el riesgo y bajo qué criterios? Estas preguntas no son retóricas: son el punto de partida para determinar responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente penales.
Porque cuando un niño muere en un contexto donde el Estado ya había intervenido, el problema deja de ser la tragedia individual para convertirse en un problema estructural. Y ahí es donde el discurso cómodo del “error” se vuelve inaceptable.
Sin embargo, en paralelo a este necesario proceso de esclarecimiento, emerge otra operación más preocupante: la utilización política de la muerte de Ángel. Sectores mediáticos y dirigentes buscan instalar que lo ocurrido es consecuencia de la llamada “ideología de género”, como si las herramientas conceptuales y jurídicas que buscan proteger a las víctimas fueran, en realidad, responsables de su desprotección.
Ese desplazamiento del eje no es ingenuo. Es una estrategia. Consiste en reemplazar el análisis de las fallas concretas del sistema por una disputa ideológica que nada tiene que ver con los hechos. Se construye un enemigo abstracto —el feminismo, la perspectiva de género, los organismos de derechos humanos— para evitar señalar a quienes efectivamente no hicieron su trabajo.
Pero los datos no respaldan esa narrativa. La perspectiva de género no impide actuar: exige hacerlo con mayor precisión. No bloquea decisiones: busca que se tomen contemplando contextos de vulnerabilidad. Si el sistema falló, no fue por aplicar estas herramientas, sino por no aplicarlas correctamente o por hacerlo de manera superficial, burocrática o directamente negligente.
Convertir a esas herramientas en chivos expiatorios no solo es intelectualmente deshonesto, sino políticamente peligroso. Porque si el diagnóstico es errado, las soluciones también lo serán. Y mientras se discuten enemigos imaginarios, los problemas reales permanecen intactos.
La muerte de Ángel debería interpelar al sistema judicial, a los organismos de protección de la niñez, a los equipos técnicos y a toda la estructura estatal involucrada. Debería abrir un proceso serio de revisión, con sanciones si corresponden, pero también con reformas que impidan que esto vuelva a ocurrir.
En cambio, lo que algunos proponen es retroceder en herramientas de protección y vaciar de contenido políticas públicas que, bien aplicadas, podrían haber marcado una diferencia.
Ángel no murió por una teoría ni por un movimiento social. Murió porque quienes tenían la obligación de protegerlo no lo hicieron. Y si esa verdad se diluye en el ruido de la disputa partidaria, entonces no solo se le falla una vez más a él, sino a todos los que hoy siguen dependiendo de un Estado que, cuando más se lo necesita, no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado.