miércoles 25 de marzo de 2026

OPINIÓN

Cuando precarizar es silenciar

Cada 25 de marzo invita a algo más que la conmemoración: obliga a revisar qué queda en pie de una conquista histórica del periodismo. En un contexto de desregulación y avance sobre derechos laborales, sostengo que defender el Estatuto no es una discusión sectorial, sino una condición indispensable para preservar una prensa libre y una democracia real.
miércoles 25 de marzo de 2026

Cada 25 de marzo no es una fecha decorativa ni protocolar. Es una jornada que remite a una conquista concreta: el Estatuto del Periodista Profesional, una herramienta nacida de la organización y la lucha que reconoció derechos laborales esenciales para el ejercicio del periodismo. Su sentido es claro: sin trabajadores con derechos, la libertad de prensa no es más que una formalidad vacía.
Ese estatuto estableció condiciones dignas, estabilidad, protección frente a despidos arbitrarios y el reconocimiento de la especificidad de la tarea periodística. No se trató de un privilegio sectorial, sino de una garantía colectiva: asegurar que la sociedad pudiera acceder a información libre, crítica y sin condicionamientos.
Hoy, esa conquista está siendo erosionada. Bajo el argumento de la “modernización laboral”, el gobierno de Javier Milei impulsa un proceso de desregulación que implica, en los hechos, un retroceso. La derogación o el vaciamiento del estatuto no es un cambio técnico, sino una redefinición del escenario en el que se ejerce el periodismo.
La precarización no es neutra. Un trabajador de prensa sin estabilidad, sin respaldo y sin herramientas colectivas es más vulnerable a presiones económicas y políticas.

En esas condiciones, la libertad de prensa pierde sustancia: se limita, se condiciona y, en muchos casos, se silencia sin necesidad de mecanismos explícitos de censura.
Al mismo tiempo, se debilita la organización colectiva. La fragmentación de los convenios y el avance de lógicas individualistas erosionan la capacidad de los trabajadores para defender sus condiciones laborales. El resultado es funcional a un esquema donde el poder económico concentra también la capacidad de incidir sobre la información.
Lo que está en juego excede al sector. Es una discusión sobre el modelo de país: uno donde la información se transforma en mercancía y las voces críticas se debilitan, o uno donde la comunicación sigue siendo un pilar de la vida democrática.
Frente a este escenario, no hay lugar para posiciones tibias. Defender el Estatuto del Periodista Profesional es defender la democracia. Y esa defensa implica sostener, hoy más que nunca, el compromiso de resguardar la libertad de prensa como un derecho efectivo, inseparable de las condiciones laborales de quienes la ejercen.
Porque sin trabajadores de prensa con derechos, no hay libertad que pueda sostenerse en el tiempo. Y cada retroceso en ese terreno no es solo una pérdida sectorial: es un debilitamiento del derecho de toda la sociedad a estar informada.