La traición de los Diputados; un golpe a la Educación Pública

Por Marina Carabajal

Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación con el blindaje al veto de la ley de financiamiento educativo firmado por el gobierno de Javier Milei ha expuesto la traición de ciertos diputados que, en lugar de representar los intereses del pueblo argentino, han priorizado compromisos espurios. Esta decisión no solo pone en riesgo la educación superior, sino que también revela la falta de convicción de algunos legisladores, quienes parecen haber olvidado su deber para con la ciudadanía.

La movilización masiva en favor de esta ley fue un claro mensaje de la sociedad: nuestras universidades deben seguir siendo públicas, libres, gratuitas y de calidad. Sin embargo, 18 diputados optaron por dar la espalda a este clamor, eligiendo el "toma y daca" que beneficia al oficialismo por encima de las necesidades de la población.

La actitud de estos representantes es un reflejo preocupante de una política que se aleja de los valores democráticos y se sumerge en un juego de intereses individuales.

El mapa de la traición es claro. Tres diputados que inicialmente apoyaron la ley, dos radicales y un delegado de Santa Cruz, cambiaron de postura, dejando de ser defensores de la educación pública. Otros cinco, que también habían respaldado la ley, optaron por abstenerse, mientras que tres más que habían votado a favor en agosto no estuvieron presentes en la sesión crucial. Las justificaciones de algunos de ellos, como el caso de la cordobesa Alejandra Torres, quien alegó tener Covid, generaron suspicacias y desconfianza.

Este escenario pone de manifiesto cómo la política se ha convertido en un juego de favores, donde los intereses individuales prevalecen sobre el bien común. La participación de seis diputados que no apoyaron la ley en agosto pero sí respaldaron el veto pone en evidencia también una falta de coherencia y compromiso con las necesidades de sus comunidades.

La decisión de Lourdes Arrieta, quien había abandonado el bloque de LLA, que la ley universitaria resalta el contraste entre quienes actúan por convicción y quienes eligen seguir la corriente del poder.

Las ausencias y abstenciones fueron decisivas para el resultado de la votación, lo que resalta la fragilidad de nuestro sistema político. En un contexto donde el oficialismo necesitaba cada voto posible para que el veto no sea frenado, la falta de presencia de ciertos legisladores muestra una estrategia legislativa vergonzosa y un grave incumplimiento de los principios democráticos.

Incoherencias vomitivas

Otro dato insólito en este marco es que, 27 diputados egresados de universidades públicas apoyaron el veto.

Entre los libertarios, 12 de sus diputados que respaldaron el veto de Milei también se formaron en la universidad pública: José Luis Espert, Alida Ferreyra, Lorena Macyszyn y Guillermo Montenegro (UBA); Romina Diez y Nicolás Mayoraz (UNR); Facundo Correa Llano y Mercedes Llano en Universidad Nacional de Cuyo (UNdC); Julio Moreno Ovalle, María Emilia Orozco y Carlos Zapata en la Universidad Nacional de Salta (UNS); y Jorge Santiago Pauli (docente en instituciones públicas).
De los cuatro radicales violetas que abandonaron la postura mayoritaria de su bloque y avalaron el veto de Milei, solo Mariano Campero fue a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); mientras que el quinto, Pablo Cervi de Universidad Nacional del Comahue (UNdC), se abstuvo.
Entre los aliados libertarios del MID también son egresados universitarios Eduardo Falcone (UBA) y María Cecilia Ibáñez (UNC). La ausencia de la abogada schiarettista Alejandra Torres (UNC) también aportó a favor del veto.

La ciudadanía debe estar alerta y exigir a sus representantes un compromiso genuino con la educación y la soberanía nacional. La defensa de nuestras universidades no es solo una cuestión política; es una lucha por el futuro del país. Una lucha que no se abandona y hoy queda en evidencia con las tomas, las clases públicas, el paro en las Universidades del País (aunque en Formosa, solo hay silencio cómplice que duele en la Universidad Nacional que tanto nos costó obtener).

No podemos permitir que intereses ocultos y acuerdos subterráneos continúen dictando el rumbo de nuestras instituciones. La educación pública, libre, gratuita y de calidad es un derecho inalienable, y es deber de todos defenderlo con la firmeza que merece.