La Justicia ordenó reparar rutas nacionales de Formosa en un plazo de seis meses

El Juzgado Federal N.º 1 de Formosa ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad realizar, dentro de un plazo de seis meses, las obras necesarias para mejorar el estado de distintos tramos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95.

La resolución fue dictada por el juez federal Pablo Fernando Morán en el marco del expediente iniciado por la Fundación Padres Unidos por el Dolor y otros contra la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de una ampliación de una medida cautelar dispuesta originalmente en junio de 2025, cuyo criterio había sido confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

La orden contempla reparar sectores deteriorados, realizar tareas de bacheo, rellenar pozos y protuberancias, sellar grietas y mantener limpias las banquinas. Antes de que finalice el plazo establecido, Vialidad Nacional deberá presentar además un informe que permita verificar el cumplimiento de las obras.

Al fundamentar su decisión, Morán puso el foco en los derechos que pueden verse afectados por el deterioro de las rutas, entre ellos la seguridad vial, la libre circulación, la vida y la integridad física de quienes transitan diariamente por esos corredores.

La medida alcanza a cuatro rutas consideradas fundamentales para la comunicación de Formosa. La Ruta Nacional 11 comprende el tramo entre General Lucio V. Mansilla, Clorinda y el acceso a Puerto Pilcomayo; la 81 atraviesa la provincia desde el límite con Salta; la 86 conecta Clorinda con Guadalcázar; y la 95 contempla el sector entre Puerto Lavalle y Villa General Güemes.

En la resolución también se destaca el impacto que tienen estas vías sobre la actividad cotidiana y económica de la provincia, debido al traslado de personas, mercaderías y producción. Además, constituyen corredores de conexión con otras provincias y con la República del Paraguay.

El juez aclaró que la intervención judicial no busca reemplazar a los organismos técnicos ni definir políticas públicas. La decisión se basa en la responsabilidad que la legislación asigna a Vialidad Nacional respecto de la conservación y mejora del sistema troncal de caminos nacionales.

“La adecuada conservación de las rutas nacionales no constituye una cuestión partidaria ni coyuntural”, sostuvo Morán, al remarcar que su estado se vincula directamente con la seguridad de las personas y la protección de la vida y los bienes.

La resolución mantiene carácter cautelar y, por lo tanto, no representa una decisión definitiva sobre el fondo del proceso. La Justicia Federal estableció así un plazo concreto para que el organismo nacional avance con las tareas necesarias sobre los corredores viales señalados.