El juez le prohibió salir del país a Jéssica Cirio y restringió sus movimientos a 50 kilómetros

La delicada situación procesal de Jéssica Cirio alcanzó su punto de mayor hermetismo luego de que la conductora tomara la drástica determinación de dar de baja su cuenta oficial de Instagram. Al buscar su perfil, en el que cosechaba más de tres millones de seguidores, las plataformas arrojan la leyenda de página no disponible, un movimiento que los analistas del espectáculo interpretan como un desesperado intento por frenar el escrutinio sobre sus bienes y aminorar el impacto de la condena social.

La desaparición digital de la modelo coincidió con una fuerte resolución en los tribunales de Lomas de Zamora. El juez federal Luis Armella dictó una serie de rigurosas medidas restrictivas sobre Cirio, su expareja Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici. Si bien el magistrado desestimó el pedido de detención inmediata que había formulado el fiscal Sergio Mola -calificándolo como carente de sustento formal y prematuro debido a la falta de peritajes en los videos filtrados-, decidió asegurar la comparecencia de los imputados aplicando un severo límite a su libertad ambulatoria.  

El dictamen del juez Armella no solo bloqueó formalmente cualquier intento de abandonar el territorio nacional mediante una orden directa a la Dirección Nacional de Migraciones, sino que además fijó un cerco geográfico estricto: los investigados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin una autorización judicial previa. Asimismo, la resolución determina que ante cualquier eventual desplazamiento que demande permanecer fuera de sus límites por más de 24 horas, deberán notificarlo formalmente y con suficiente antelación al tribunal.  

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La lupa de la fiscalía se mantiene firme sobre el contenido que Cirio compartía cotidianamente, abarcando desde costosos viajes hasta accesorios de lujo que ahora sirven a los investigadores para trazar la línea de tiempo de sus gastos reales. Pese a que el bache de PROCELAC forzó a rectificar la cifra inicial de 45 millones de dólares a pesos, el avance de las pericias informáticas sobre los teléfonos celulares entregados bajo custodia y la inminente inspección ocular del vestidor de San Vicente continúan acorralando el perfil patrimonial de la conductora.