Intendente de Lomitas denunció que el IPV y el Poder Judicial realizan obras fuera de la normativa y evaden impuestos

La Municipalidad de Las Lomitas denunció que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Poder Judicial de la Provincia de Formosa, están haciendo obras por fuera de lo legal en esa ciudad.

El intendente de Las Lomitas Pablo Basualdo -hijo del exintendente y actual diputado liberario- aseguró que incumplen exigencias municipales como habilitaciones, presentación de planos y pago de tasas. Y adelantó que iniciarán acciones judiciales contra los organismos y las empresas constructoras.

El municipio los denuncia porque es su responsabilidad legal controlar todas las construcciones que se realizan en su jurisdicción. Especialmente, cuando se trata de edificios, viviendas y obras públicas que luego serán utilizadas por los vecinos.

“El IPV intenta eludir pagos y evitar controles”

Las críticas más duras estuvieron dirigidas al titular del IPV, Marcelo Ugelli, a quien el municipio responsabiliza directamente por intentar desconocer las facultades de control de la Municipalidad y por mantener una conducta evasiva frente a las obligaciones tributarias locales.

“Es inadmisible que el organismo provincial encargado de construir viviendas actúe por encima de la ley. Mientras cualquier vecino paga sus tasas, presenta planos y cumple cada requisito municipal, el IPV intenta evitar controles, eludir pagos y desentenderse de obligaciones básicas que financian servicios esenciales para toda la comunidad”, comunicó el municipio.

“El Poder Judicial no presenta documentos y adeuda”

En el caso del Poder Judicial, el Municipio ya otorgó un último plazo para que cumpla con la presentación de planos, habilitaciones y pago de una deuda, bajo apercibimiento de iniciar juicio de apremio y solicitar embargos sobre partidas presupuestarias de este poder que depende de la Provincia.

La situación se da porque tanto el IPV como otros organismos provinciales, pretenden trasladar responsabilidades a las empresas constructoras para evitar responder institucionalmente por las irregularidades detectadas. Sin embargo, la Municipalidad ratificó que continuará con las actuaciones administrativas y judiciales hasta lograr la regularización total de las obras y el cobro de las tasas adeudadas.

“El municipio tiene la obligación de controlar”

“El control municipal no es un capricho ni una cuestión burocrática. Es una obligación legal para proteger a la comunidad, garantizar la seguridad de las construcciones, verificar la calidad de las obras y asegurar que se respeten las normas urbanísticas y técnicas vigentes”, señalaron desde la comuna.

Esta situación no solamente afecta los recursos económicos del municipio, sino que también representa un grave antecedente institucional porque debilita la autonomía municipal y pone en discusión la capacidad de la comuna para controlar obras que impactan directamente sobre la vida cotidiana de los vecinos.

“No vamos a permitir que ningún funcionario provincial venga a imponer obras sin controles ni autorizaciones como si Las Lomitas fuera tierra de nadie”, remarcaron. Y desde la Asesoría Letrada municipal se adelantó que el mismo criterio será aplicado sobre todas las obras ejecutadas por organismos provinciales dentro de Las Lomitas y cualquier ente estatal que pretenda avanzar sin cumplir las normas locales.