Crece la preocupación por misioneros, correntinos y chaqueños captados para explotación en Brasil

La Fundación La Alameda, entidad con décadas de trayectoria en la lucha contra la trata y la explotación de personas, viene alertando sobre una retirada deliberada del gobierno de Javier Milei en la persecución de este delito.

El integrante de la organización, Facundo Lugo, alertó sobre el "abandono” en las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir la trata de personas y aseguró que la situación se agravó con el desfinanciamiento de programas nacionales y la reducción de controles, especialmente en zonas fronterizas como Formosa. Las declaraciones fueron realizadas tras un encuentro federal realizado de manera virtual, que reunió a representantes de organizaciones sociales, sindicatos y profesionales de todo el país y del exterior.

Según explicó Lugo en La otra mirada (FM Espacios 92.5), la convocatoria tuvo como eje central analizar el impacto del desmantelamiento de los programas estatales y coordinar acciones conjuntas. En ese sentido, sostuvo que la totalidad de los programas destinados a la prevención, la persecución del delito y la asistencia a las víctimas han sido eliminados o, en la práctica, desfinanciados. “Quedó un solo programa en pie, pero sabemos que no tiene partida presupuestaria designada. No hay beneficios de contención para los sobrevivientes”, aseguró. En ese marco, indicó que la intención fue “revitalizar una red” creada en 2024: relanzarla y construir una agenda de trabajo de cara a 2026.

Entre los acuerdos alcanzados, mencionó la continuidad de reuniones periódicas, la realización de capacitaciones y la organización de actividades unificadas para el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata. “La idea es tener al menos una actividad por provincia con una consigna común para que sea más fuerte”, detalló.

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Vulnerabilidad fronteriza

En relación con la situación actual, advirtió que el debilitamiento de las políticas públicas incrementa los riesgos, especialmente en zonas fronterizas. “Tenemos un cóctel de factores: menos controles, menos presencia territorial y una flexibilización en los requisitos para el traslado de menores. Todo esto hace que las fronteras estén mucho más debilitadas”, señaló, y mencionó que en provincias como Formosa, Misiones o Corrientes la situación es especialmente sensible por la extensión de los límites internacionales.

El referente explicó que la trata tiene un fuerte componente económico y que la crisis favorece la captación de víctimas.  "Hoy estamos rescatando a más argentinos y argentinas en el exterior que extranjeros aquí. Hay una cantidad de misioneros, correntinos y chaqueños siendo captados en Brasil mediante falsas promesas de trabajo", advirtió mientras advirtió que la crisis económica interna empuja a los sectores más vulnerables a caer en redes de explotación laboral.

Cifras en rojo y opacidad oficial

Respecto a la asistencia a víctimas, Lugo cuestionó la falta de datos oficiales actualizados. “Hace más de medio año que el Estado no informa la cantidad de personas rescatadas ni los programas de asistencia”, afirmó. La última información disponible, correspondiente al último trimestre de 2025, daba cuenta de unas 250 personas rescatadas, cifra que consideró “inferior incluso a la registrada durante la pandemia”.

Además, remarcó que la falta de programas de contención impacta directamente en los operativos. “Muchas veces se realiza un allanamiento y las víctimas no quieren abandonar el lugar porque no hay alternativas de asistencia”, explicó.

"A una víctima que está en un campo, en un taller clandestino o en un prostíbulo entre la nada, si el Estado no le ofrece una alternativa real de vida, prefiere quedarse ahí donde, al menos, tiene un plato de sopa y un techo, a pesar de ser explotada", explicó Lugo en un crudo análisis sobre la falta de programas de readecuación laboral para los sobrevivientes.

Para La Alameda, el delito de trata desde el Estado ha dejado de combatirse. La falta de campañas de sensibilización, sostienen, estaría “naturalizando la explotación”.

Pese al diagnóstico crítico, Lugo destacó la importancia de la articulación entre organizaciones, anunciando que las organizaciones de todo el país están unificando una agenda para el próximo 30 de julio (Día Mundial contra la Trata).

"Las organizaciones vamos a estar aquí para reconstruir la política pública cuando llegue el momento. Por ahora, nos toca revitalizar la red para que estos temas no se vuelvan invisibles", concluyó.