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El Gobierno apelará ante la anulación del protocolo antipiquetes
El Gobierno nacional anunció que recurrirá la decisión judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una herramienta del Ministerio de Seguridad para regular operativos frente a cortes de calle y manifestaciones. La ministra Alejandra Monteoliva aseguró a través de sus redes sociales que la administración apelará la sentencia porque considera que la medida “devolvió orden y tranquilidad” a las calles argentinas.
La Justicia Federal, a cargo del juez Martín Cormick, falló a favor de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo por considerar que la resolución ministerial carece de legitimidad legal y excede las competencias del Poder Ejecutivo. Según los denunciantes, la normativa impuesta por el Gobierno vulnera derechos constitucionales como la libertad de reunión y el derecho a peticionar.
Desde el oficialismo argumentan que el Gobierno apelará en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal porque ve en el fallo un retroceso institucional que podría generar “caos y desorden” en la gestión del orden público. Monteoliva afirmó que sin esta herramienta las fuerzas de seguridad estarían limitadas para actuar frente a cortes de vías que afectan la circulación y la vida cotidiana.
El enfrentamiento político se profundiza porque sectores sociales y organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión judicial, al considerarla un freno a lo que califican como una política de criminalización de la protesta social. En respuesta, el Gobierno replicó que el protocolo está respaldado ampliamente por la sociedad y que su apelación busca sostener lo que consideran una herramienta legítima y necesaria.
Mientras la controversia continúa, el Gobierno sostiene que la apelación es un paso clave para mantener su enfoque en materia de seguridad y garantizar la convivencia entre el ejercicio de derechos y el orden público, planteando un nuevo capítulo en la disputa entre las políticas de mano dura y las garantías constitucionales.
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