El Gobierno evalúa eliminar femicidio y redefinir penas centrales del Código Penal

El Gobierno nacional mantiene bajo estudio la posibilidad de eliminar la figura del femicidio en el proyecto de reforma integral del Código Penal que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. La discusión quedó reabierta luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detallara los avances del documento y confirmara que la medida continúa “sobre la mesa”.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Bullrich explicó que el texto final aún está siendo revisado por el equipo encargado de su redacción, integrado por ella misma, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal. Una alta fuente del Ejecutivo sintetizó el estado de situación: “Todo está a estudio y entre hoy y mañana se tomarán las últimas definiciones”. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre si la figura del femicidio se mantendrá o será eliminada.

El debate se reactivó luego de que, en enero, el Gobierno retomara el argumento de “igualdad ante la ley” para cuestionar normas de discriminación positiva, entre ellas el agravante por femicidio incorporado en 2012. El presidente Javier Milei ya había expresado su postura en Davos: “Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, sostuvo entonces.

Las críticas no tardaron en aparecer. Diversos sectores advirtieron que eliminar la figura podría derivar en beneficios para condenados. Sin embargo, el oficialismo aseguró que no se aplicaría el principio de ley más benigna ni se otorgarían ventajas procesales a quienes ya tengan sentencia firme. Aun así, el hermetismo persiste y el Gobierno evita confirmar cualquier modificación al respecto.

Otro punto sensible en análisis es la posibilidad de declarar la corrupción como delito imprescriptible. Aunque el rumor circuló durante el fin de semana, Bullrich aclaró que aún no hay decisión tomada. Actualmente, el borrador solo considera imprescriptibles los delitos graves y gravísimos, como homicidio agravado, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico y secuestros extorsivos. Lo que sí está confirmado es que los funcionarios condenados por corrupción perderán el derecho a jubilación de privilegio.

El proyecto también introduce cambios estructurales en la escala penal. Entre ellos, elevar la pena máxima del homicidio simple de 25 a 30 años; ampliar las agravantes para perpetua incluyendo magnicidio, asesinato de autoridades educativas en funciones, víctimas menores de 16 o mayores de 65; y endurecer las condenas por lesiones en conducción imprudente, que pasarían a un rango de 2 a 6 años.

Asimismo, el texto redefine el concepto de legítima defensa, inclinando la presunción a favor de quien se defiende, e incorpora el compromiso de notificar primero a la víctima cuando el condenado acceda a salidas transitorias o cumpla su pena.

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Con el documento en etapa final de revisión, el Gobierno buscará que el Congreso trate la reforma en extraordinarias. La posible eliminación de la figura del femicidio continúa como uno de los puntos más controvertidos y su definición final será clave para medir el alcance político y social del nuevo Código Penal.