martes 24 de febrero de 2026

NACIONALES

Más de 110.000 pensiones por discapacidad son suspendidas tras revisión del Gobierno Nacional

La medida busca asegurar la correcta asignación de recursos y proteger la transparencia del sistema.
sábado 09 de agosto de 2025

El Gobierno Nacional comunicó la baja de más de 110 mil Pensiones No Contributivas (PNC) como parte de una revisión exhaustiva encabezada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta medida responde a la detección de irregularidades en la asignación de beneficios que se remontan a gestiones anteriores, buscando garantizar la correcta distribución de los recursos públicos.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la iniciativa surge a partir de una auditoría que identificó fraudes, documentación repetida y falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a estas pensiones. Los análisis revelaron que, en algunas provincias, se presentaron los mismos estudios médicos en diferentes expedientes, lo que motivó esta revisión profunda.

Lee también: Derechos en riesgo: discapacidad en emergencia y talleres que sostiene la Municipalidad

La medida ha generado preocupación y malestar en algunos sectores que se vieron afectados por la revocación de los beneficios. No obstante, el proceso busca asegurar que las pensiones se otorguen solo a quienes realmente cumplen con los requisitos y que se optimicen los recursos destinados a la asistencia social.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la transparencia y el buen uso de los fondos públicos, enfatizando que esta revisión integral es un paso fundamental para corregir irregularidades detectadas en los últimos años. Se espera que estas acciones contribuyan a mejorar la eficacia del sistema de pensiones y su impacto social.

Lee también: Advierten que el veto en discapacidad es un "retroceso" que deja al sector en "total abandono"

La Agencia Nacional de Discapacidad continúa trabajando en la fiscalización y actualización de los registros para evitar futuros casos de documentación fraudulenta. Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia orientada a fortalecer los mecanismos de control y asegurar que las ayudas sociales lleguen efectivamente a las personas que más lo necesitan.