El Gobierno avanza contra el derecho de huelga con nuevo DNU

En declaraciones al programa La Otra Mirada de FM Espacios, el abogado laboralista Matías Cremonte cuestionó duramente el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que intenta reglamentar el derecho de huelga. Lo calificó como “inconstitucional desde todo punto de vista”, y afirmó que representa un avance directo contra las garantías laborales consagradas en la Constitución Nacional.

“Primero hay que señalar un problema de forma: el Presidente tiene prohibido legislar, salvo en casos de necesidad y urgencia. Pero en este momento el Congreso está en funciones, por lo tanto el DNU es inválido en su método. Y en el fondo también: ni siquiera si fuera una ley, esta reglamentación sería válida porque restringe tanto el derecho a huelga que lo vuelve impracticable, lo impide”, explicó el letrado.

Cremonte aclaró que ningún derecho fundamental puede ser reglamentado de manera tan restrictiva que se convierta en una prohibición de hecho. “Eso es lo que ocurre en este caso. El decreto restringe tanto el ejercicio del derecho a huelga, que directamente lo anula. Y eso choca con lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó.

Al ser consultado sobre las facultades delegadas del Ejecutivo, fue contundente: “Son amplias, sí, pero no lo habilitan a intervenir sobre derechos laborales ni sobre derechos fundamentales. Están pensadas para cuestiones administrativas, financieras, de gestión estatal. No para este tipo de normativa”.

Sobre las reacciones judiciales al decreto, indicó que ya existen presentaciones de amparo por parte de la CGT y de ATE. Ambas organizaciones pidieron además una medida cautelar para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo de la cuestión. “Una jueza del fuero laboral está estudiando el caso. Y también APLA, el gremio de los pilotos, presentó una denuncia ante la OIT”, señaló.

Respecto del impacto de una eventual resolución judicial contraria al DNU, Cromonte explicó que si se declara inconstitucional o se suspende por una cautelar, los gremios no estarían obligados a cumplir lo que establece el decreto. “En ese caso, si un sindicato realiza una medida de fuerza, no se lo puede intimar ni sancionar. Esa reglamentación dejaría de estar vigente”, enfatizó.

El abogado también abordó el contexto político y laboral en el que se da este avance: “Desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy hemos visto un ataque sistemático contra los derechos de los trabajadores. El DNU 70 fue un ejemplo claro, y aunque fue declarado inconstitucional, el Gobierno insistió con la Ley Bases. Y ahora este nuevo decreto reglamentario del derecho de huelga, que en realidad ya estaba en el DNU anterior. Todo indica que van a seguir intentando avanzar”.

Consultado sobre la reacción del movimiento obrero, fue crítico pero mesurado: “Sí, muchos esperábamos más. Pero ha habido tres paros nacionales. Y aunque las centrales a veces estén tibias, hay sectores donde la lucha se mantiene firme. Lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego, por ejemplo, es una muestra. Toda la provincia está paralizada, con gremios fabriles, docentes, estatales en solidaridad. Hay paros en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Tal vez no sea noticia todos los días, pero hay conflicto”.

También hizo referencia al impacto del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad: “Es parte del mismo disciplinamiento. Generan una situación social crítica y reprimen la protesta. Pero eso no impide que haya medidas de fuerza. El derecho a manifestarse sigue siendo constitucional”.

Sobre las acciones que impulsa desde su rol como abogado laboralista, Cremonte detalló que está brindando capacitaciones y charlas con sindicatos y sectores autoconvocados. Destacó una actividad reciente organizada por el gremio de docentes autoconvocados de Formosa, con participación de trabajadores de otras provincias. “El objetivo es generar conciencia sobre los derechos, brindar herramientas. No alcanza solo con judicializar, también hay que organizarse, resistir con acción directa”, indicó.

Finalmente, subrayó que la protesta social, las huelgas y la organización sindical son derechos tan constitucionales como el acceso a la justicia. “Defender lo conquistado requiere todas las herramientas posibles. Lo que estamos viviendo es grave, pero no nos puede paralizar”, cerró.