A un año de los despidos en el INAFCI: Trabajadores siguen sin respuestas

Ayer se cumplió el primer aniversario de los despidos de los trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFSI) y, un año después, los reclamos continúan. Nancy Zanín, delegada del INAFCI en Formosa, expresó a La Otra Mirada su frustración y tristeza ante la falta de respuestas oficiales y la incertidumbre que han vivido los empleados del organismo durante este tiempo.

"Nos dejaron sin respuesta. No hubo ni siquiera una comunicación oficial que nos informara de los despidos, simplemente nos cerraron las cuentas de WhatsApp y los accesos al sistema interno del instituto", relató Zanín, quien añadió que hasta fin de año no se les entregó la certificación de su desvinculación, lo que generó aún más confusión entre los trabajadores.

El INAFCI, que tenía una presencia activa en diversas provincias, se dedicaba a asistir a familias campesinas e indígenas, brindando apoyo en la elaboración de proyectos, asistencia técnica y formación en temas clave como la conservación del agua, la protección de semillas criollas, y el trabajo con mujeres y jóvenes rurales. "El trabajo del instituto fue clave para la mejora de la calidad de vida de muchas familias del interior, especialmente en zonas como el oeste de Formosa, donde ayudamos a instalar aljibes y promover la cosecha de agua", destacó Zanín.

En Formosa, alrededor de 35 trabajadores fueron afectados por el cierre de las delegaciones del INAFCI. De esos, solo uno logró conseguir empleo en el sector privado. "La situación económica actual y las políticas del gobierno han reducido las oportunidades de trabajo en el sector privado, y muchos de mis compañeros han tenido que emigrar a otras provincias en busca de una fuente laboral", relató la delegada, quien también destacó que, en su caso, aunque tiene un empleo a tiempo parcial, el salario no cubre las necesidades básicas.

El cierre del INAFCI, que afectó a 900 empleados en todo el país, es interpretado por Zanín como parte de un modelo de recorte del Estado que, según ella, busca despojar a las familias campesinas e indígenas de los derechos y el apoyo que el instituto les proporcionaba. "Este cierre responde a un modelo que busca un Estado ausente, donde los derechos de los trabajadores y las comunidades rurales queden sin respaldo. Es una política que ataca directamente a los sectores más vulnerables", afirmó.

Además, criticó las declaraciones del gobierno nacional, que justificó los recortes diciendo que los empleados del Estado eran "ñoquis" y que muchos de los organismos cerrados no cumplían funciones eficaces. "Nosotros trabajamos bajo condiciones extremadamente difíciles, en el campo, con temperaturas extremas y, a menudo, sin recursos suficientes. El trabajo que realizábamos era fundamental para el desarrollo de las familias rurales", aseguró.

Los trabajadores del INAFCI han recurrido a diversas formas de protesta, como manifestaciones virtuales, folletos informativos y comunicados a través de redes sociales. Sin embargo, la falta de soluciones concretas sigue siendo el principal desafío. "Es un daño irreversible. No solo nos afectó a nosotros como trabajadores, sino también a las comunidades rurales que dependían de nuestros servicios", concluyó Zanín.

A un año de los despidos, los ex empleados del INAFCI siguen luchando por sus derechos y por una resolución que permita restituir tanto su fuente de trabajo como el servicio vital que brindaban a miles de familias en todo el país. La incertidumbre persiste y la lucha por la justicia continúa.