CONFLICTO BARRIO LIBORSI
Abogado de José Torres: "Estamos frente a una posible estafa"
El abogado Andrés Cárdenas, defensor de José Antonio Torres, aseguró que la demolición de la vivienda de su cliente en el barrio Liborsi se produjo en el marco de un conflicto judicial que aún no está resuelto y sostuvo que existen elementos que podrían configurar una presunta estafa, además de otras posibles responsabilidades penales por la destrucción del inmueble. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con "Formosa Mi Ciudad", por FM Espacios 92.5.
Cárdenas recalcó que Torres adquirió el terreno el 26 de agosto de 2024 mediante una cesión de derechos posesorios, una figura legal utilizada cuando un inmueble se encuentra en sucesión o quien transfiere no posee la escritura, sino únicamente la posesión del terreno.
Según indicó, posteriormente se comprobó que el inmueble figura a nombre de una persona fallecida y forma parte de un proceso sucesorio, por lo que la situación dominial aún debe ser esclarecida por la Justicia. En ese sentido, sostuvo que uno de los presuntos herederos habría cedido derechos sobre el inmueble, aunque todavía no existe certeza sobre quiénes integran la totalidad de la sucesión, debido a que la documentación correspondiente aún no fue incorporada al expediente principal.
Cuestionamientos al procedimiento y reclamo judicial
El abogado afirmó que José Torres nunca fue notificado de la denuncia por presunta usurpación ni tuvo la posibilidad de presentar la documentación con la que justificaba su posesión del terreno. A su entender, si la Policía hubiera informado correctamente que en el lugar existía una vivienda en construcción y personas trabajando, el Juzgado habría podido citar a su cliente antes de adoptar cualquier decisión.
Además, consideró que el caso presenta características compatibles con una presunta estafa, ya que Torres habría adquirido el terreno convencido de que la operación era legítima, entregando incluso una camioneta y completando posteriormente el pago con la intención de realizar la mensura y escriturar el inmueble.
Respecto de la demolición, Cárdenas fue enfático al señalar que no existió una orden judicial que autorizara derribar la vivienda. Explicó que la resolución existente estaba vinculada a un incidente de amparo basado en informes que indicaban que el terreno se encontraba desocupado, información que era incompleta.
"Durante la demolición desaparecieron puertas, ventanas y otros elementos de la construcción, por lo que entiende que los hechos no solo implican daños materiales, sino que también podrían configurar un robo", agregó.
Finalmente, adelantó que una vez que la causa por la demolición ingrese formalmente al juzgado correspondiente, la defensa se presentará como querellante en representación de José Torres, solicitará nuevas medidas de prueba y reclamará una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, mientras aguarda la incorporación de la documentación del juicio sucesorio que permita esclarecer definitivamente la situación jurídica del inmueble.