DEBATE INSTITUCIONAL
Milei eliminó controles para designar jueces de la Suprema Corte
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una modificación que cambia las reglas para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de una nueva disposición, el Ejecutivo eliminó los controles previos que obligaban a transparentar los antecedentes de los candidatos, recibir observaciones públicas y habilitar un proceso de participación ciudadana antes de enviar un pliego al Senado.
El mecanismo eliminado había sido implementado durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2003, luego de una fuerte crisis de legitimidad que atravesaba la Corte tras los cuestionamientos sobre su integración durante los años noventa. La idea del entonces gobierno era limitar la discrecionalidad presidencial y establecer un procedimiento que permitiera evaluar públicamente la idoneidad de quienes aspiraban a ocupar el máximo tribunal del país.
La reforma había surgido como una respuesta a uno de los reclamos centrales de la sociedad: recuperar la confianza en una Justicia independiente. El decreto firmado en aquel momento estableció que los candidatos debían ser presentados públicamente, sus antecedentes debían difundirse y la ciudadanía podía formular observaciones antes de que el Ejecutivo enviara el pliego al Senado.
Con la eliminación de estos pasos, distintos sectores advierten que se pierde una herramienta de transparencia y que el Presidente vuelve a concentrar mayor poder en una decisión clave para el funcionamiento institucional. La principal crítica apunta a que, sin una instancia previa de exposición pública, las designaciones podrían quedar más sujetas a acuerdos políticos o intereses de turno.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el sistema anterior generaba demoras innecesarias y que la selección de jueces debe ajustarse a los procedimientos constitucionales: la propuesta presidencial y la aprobación del Senado con la mayoría requerida.
El debate no es menor. La Corte Suprema tiene la última palabra en cuestiones que afectan a toda la sociedad: desde la constitucionalidad de leyes hasta conflictos entre provincias, derechos individuales y límites del poder estatal. Por eso, la forma en que se eligen sus integrantes es considerada un punto central para la calidad democrática.
La discusión vuelve a poner en escena una vieja tensión de la política argentina: cuánto poder debe tener un gobierno para conformar la Justicia y cuáles son los mecanismos necesarios para evitar que el máximo tribunal quede condicionado por la administración de turno.
A más de veinte años de aquella reforma impulsada por Kirchner, el cambio dispuesto por Milei reabre una pregunta de fondo: si la búsqueda de mayor velocidad en las decisiones justifica resignar controles que fueron creados precisamente para fortalecer la independencia judicial.