Ley Octorina: una conquista contra el chineo y la violencia

La aprobación de la llamada Ley Octorina Zamora marcó un avance histórico en la lucha contra una forma de violencia sexual, racial y de género que durante décadas fue denunciada por comunidades originarias: el chineo. La iniciativa, trabajada también desde Formosa, busca que esta práctica sea reconocida jurídicamente como un delito específico dentro del Código Penal argentino.

“Chinear” o “salir a chinear” no es una costumbre ni una tradición: es una forma de violencia que implica la captura, abuso y violación de mujeres, adolescentes y niñas indígenas. Una expresión que, durante años, intentó naturalizar una conducta criminal sostenida sobre relaciones de poder, racismo y desigualdad.

La propia Justicia formoseña llegó a reconocer el alcance del término al referirse a quienes son identificados como “chineros”, es decir, personas vinculadas a prácticas sexuales no consentidas contra mujeres indígenas o mestizas.

La nueva legislación lleva el nombre de Octorina Zamora, en homenaje a la referente wichí que dedicó su vida a denunciar estas violencias y a defender los derechos de las mujeres indígenas. Su lucha permitió visibilizar una problemática que permaneció durante mucho tiempo silenciada.

Desde una mirada feminista e intercultural, el chineo expone cómo los cuerpos de las mujeres indígenas fueron históricamente tratados como territorios de conquista. La violencia colonial dejó marcas profundas: desde la apropiación de tierras hasta la vulneración de los cuerpos femeninos, considerados durante siglos como objetos de dominación.

Los relatos históricos de la conquista muestran que la violencia sexual contra mujeres originarias no fue un hecho aislado. Crónicas como las de Guamán Poma de Ayala describieron el sometimiento y abuso sufrido por mujeres indígenas, evidenciando que muchas prácticas del pasado encuentran continuidades en el presente.

Durante los últimos años, distintos casos de violaciones contra niñas y adolescentes indígenas volvieron a poner el tema en agenda. Organizaciones de mujeres indígenas denunciaron que detrás del chineo existe un entramado de racismo estructural que permite que estos hechos permanezcan invisibilizados.

La sanción de la Ley Octorina representa, entonces, más que una modificación legal: implica reconocer una deuda histórica con las comunidades originarias y con las víctimas de una violencia que durante demasiado tiempo fue minimizada.

Porque cuando una sociedad naturaliza la violencia contra determinadas mujeres, también reproduce un mensaje de desigualdad. Nombrar el delito, juzgarlo y prevenirlo es parte del camino para romper con una impunidad sostenida durante generaciones.