Mi cuerpo, mi decisión: no la de Milei ni la derecha

La violencia discursiva nunca es inocente. Mucho menos cuando proviene de quien ocupa la máxima investidura institucional de un país. Que el presidente Javier Milei haya utilizado el término “genocida” para atacar a una periodista por defender el derecho al aborto legal no es solamente una provocación brutal: es también una operación política y cultural profundamente peligrosa.

Porque banalizar la palabra genocidio en un país atravesado por el terrorismo de Estado implica vaciar de sentido una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia colectiva. Pero además, revela algo todavía más inquietante: el intento de transformar el derecho de las mujeres a decidir en un problema moral, ideológico y hasta criminal.

Y ahí aparece una pregunta que incomoda al poder conservador desde hace décadas: ¿Qué sucede cuando las mujeres dejamos de obedecer?

El problema nunca fue solamente el aborto. El problema aparece cuando las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros tiempos y sobre la maternidad. Cuando dejamos de aceptar que otros —el Estado, la Iglesia, los mercados o los varones— administren nuestros destinos. Por eso cada avance feminista genera reacciones tan violentas. Porque pone en discusión estructuras históricas de control.

Y esa discusión hoy adquiere otra dimensión. Argentina atraviesa una caída sostenida de la natalidad. Cada vez nacen menos niños y niñas. El dato aparece en informes económicos, debates demográficos y discursos políticos que comienzan a preguntarse cómo “revertir” esa tendencia. Pero pocas veces se formula la pregunta central: ¿Por qué tantas personas ya no pueden o no quieren maternar en estas condiciones?

No se trata de egoísmo ni de individualismo, como suelen repetir ciertos sectores conservadores. Se trata de precarización. De salarios destruidos. De alquileres imposibles. De jornadas laborales extenuantes. De un presente donde llegar a fin de mes ya es una batalla y pensar un proyecto de vida parece un privilegio inaccesible.

Las decisiones reproductivas jamás ocurren en el vacío. Se toman en contextos económicos concretos. Por eso las feministas hace décadas vienen explicando que el derecho a decidir no se reduce únicamente a la interrupción voluntaria del embarazo. También implica el derecho a maternar con dignidad. A criar sin hambre. A tener tiempo. A contar con redes de cuidado, salud pública y protección social.

La filósofa Silvia Federici lo planteó con claridad: controlar la reproducción siempre fue una forma de controlar la organización económica y política de la sociedad. Porque el trabajo de cuidado sostiene el funcionamiento entero del sistema, aunque históricamente haya sido invisibilizado y descargado casi exclusivamente sobre las mujeres.

En América Latina, los feminismos entendieron rápidamente esa dimensión. Por eso la marea verde no fue solamente una pelea por el aborto legal. Fue una rebelión contra la idea de que la maternidad debe ser obligatoria, sacrificada y silenciosa. Fue la construcción de una nueva legitimidad social donde decidir dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

Y quizá eso sea lo que realmente incomoda.

Porque cuando el presidente insulta a una mujer por defender derechos, no está discutiendo argumentos. Está intentando disciplinar. Convertir la autonomía femenina en una amenaza. Instalar que decidir sobre el propio cuerpo merece castigo, humillación pública o violencia simbólica.

No es casual. Los discursos ultraderechistas en distintas partes del mundo vienen construyendo enemigos internos sobre los cuales descargar frustraciones sociales: feministas, periodistas, disidencias, organismos de derechos humanos. Se busca desacreditar toda voz crítica y reinstalar un orden donde cuestionar el poder vuelva a tener consecuencias.

Pero hay algo que ya cambió profundamente en la Argentina. Y es cultural.

Millones de mujeres aprendieron que no tienen por qué pedir permiso para decidir sobre sus vidas. Aprendieron que la maternidad deseada vale más que la maternidad forzada. Que ningún gobierno puede apropiarse de los cuerpos ajenos para resolver crisis económicas, fantasías demográficas o proyectos ideológicos.

Defender el derecho a decidir no significa estar en contra de la maternidad. Significa exactamente lo contrario: defender que maternar sea una elección libre y no una imposición sostenida por culpa, miedo o coerción estatal.

Por eso la defensa de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo, también hoy, una bandera profundamente democrática y de derechos humanos.

Porque reconoce a las mujeres y personas gestantes como sujetos políticos plenos. Capaces de decidir. Capaces de pensar sus proyectos de vida. Capaces de construir autonomía. Y ningún insulto presidencial puede borrar esa conquista colectiva.

Lo verdaderamente peligroso no son las mujeres que deciden. Lo verdaderamente peligroso es un poder político que necesita atacar derechos para sostenerse. Un gobierno que banaliza el genocidio mientras ajusta sobre la vida cotidiana. Un discurso que pretende devolvernos a un tiempo donde obedecer era obligatorio y disentir era castigado. Frente a eso, la respuesta no puede ser el silencio.

Defender el derecho a decidir es defender la democracia. Defender la autonomía es defender la libertad real. Defender el derecho a maternar dignamente es defender una sociedad donde la vida valga más que cualquier dogma o cálculo económico.

Porque nuestros cuerpos no son territorio del Estado, ni de los mercados, ni de ningún presidente. Y porque decidir cómo vivir, cómo amar y si maternar o no, seguirá siendo un derecho conquistado que ninguna violencia discursiva podrá arrebatarnos.