2026-04-17

EDUCACIÓN

Nueva ley en Formosa sobre celulares en escuelas: prohibiciones, excepciones y cómo se aplicará

La Legislatura provincial sancionó la normativa que prohíbe dispositivos móviles en nivel inicial y primario y limita su uso en secundaria. El Ministerio de Cultura y Educación deberá reglamentarla en un plazo de 90 días.

La Legislatura de la provincia de Formosa aprobó el proyecto de ley que regula el uso de dispositivos tecnológicos en los distintos niveles del sistema educativo provincial. La sesión fue presidida por el vicegobernador y titular nato de la Cámara, Eber Solís, quien celebró que en la sesión ordinaria diputadas y diputados dieron un paso importante con diálogo y consenso. "Aprobaron la Ley que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en los establecimientos educativos, con un objetivo claro: cuidar a los niños y brindar a los adolescentes herramientas para que la tecnología sea un verdadero recurso educativo, promoviendo un uso responsable y consciente". 

La iniciativa fue sancionada con los votos del justicialismo y del radicalismo. En tanto, las diputadas Mara Amarilla y Emilia Maciel, del interbloque de La Libertad Avanza, votaron en contra, mientras que Esteban López Tozzi no estuvo presente durante la sesión.

Qué establece la ley sobre celulares en las escuelas

La normativa tiene como objetivo regular el uso de celulares y dispositivos tecnológicos móviles personales por parte de los estudiantes durante la jornada escolar, tanto en instituciones de gestión estatal como privada. La finalidad es promover un entorno pedagógico adecuado, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y resguardar la convivencia escolar.

El texto define como dispositivos tecnológicos móviles a todos aquellos equipos electrónicos que permiten la visualización, procesamiento o intercambio de información, incluyendo celulares, tablets, relojes inteligentes y otros similares.

Cómo será la regulación según el nivel educativo

Uno de los puntos centrales de la ley es la diferenciación según el nivel educativo:

  • Nivel inicial y primario: Los estudiantes no podrán llevar dispositivos móviles a la escuela, salvo autorización excepcional por razones justificadas. No obstante, las autoridades podrán permitir su uso con fines estrictamente pedagógicos, en actividades planificadas y con previo aviso a las familias.
  • Nivel secundario: Los alumnos podrán llevar sus dispositivos, pero deberán permanecer guardados durante las clases. Sólo podrán utilizarse cuando el docente lo disponga con fines educativos. Además, el uso en espacios comunes fuera del aula, como patios o bibliotecas, será regulado por cada institución mediante acuerdos de convivencia.

Excepciones y acuerdos institucionales

El proyecto contempla situaciones especiales. El uso de dispositivos podrá permitirse en todos los niveles en casos de estudiantes con discapacidad o condiciones de salud que requieran estas herramientas como apoyo para el aprendizaje, la comunicación o la asistencia médica, siempre con acuerdo de la escuela y la familia.

Asimismo, cada institución deberá elaborar acuerdos de convivencia con participación de directivos, docentes, estudiantes y familias, estableciendo pautas claras sobre el uso responsable de los dispositivos y las consecuencias ante su incumplimiento.

Implementación y rol del Estado

El Estado provincial tendrá un rol activo en la implementación de la ley, promoviendo campañas de concientización sobre el uso responsable de la tecnología, acompañamiento a las escuelas en la elaboración de normas internas y capacitación docente sobre el uso pedagógico de dispositivos.

También se prevé la prevención de problemáticas como el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, el discurso de odio y la ludopatía digital.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, que deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Además, se realizarán evaluaciones periódicas sobre su implementación e impacto en el aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar de la comunidad educativa, cuyos resultados serán públicos.

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