M.A.T.E.F la naturalización del abuso.

Y eso es lo que hoy parece ocurrir con la llamada MATEF Mutual Asociación de Trabajadores Estatales de Formosa, una entidad que, lejos de representar los intereses solidarios de los trabajadores, se ha transformado, según múltiples denuncias y testimonios, en un mecanismo opaco de descuentos sistemáticos sobre miserables salarios públicos.

Durante años, empleados de la administración pública y docentes de Formosa han visto cómo, mes a mes, se les descuenta dinero bajo el rótulo de esta mutual. Lo más alarmante no es solo el descuento en sí, sino el contexto: una estructura que no presenta visibilidad institucional, que no tiene un funcionamiento verificable y cuya existencia real, más allá del papel, resulta cada vez más difícil de sostener.

Porque una mutual, por definición, debe tener rostro, conducción, transparencia. Debe tener autoridades elegidas, una comisión directiva identificable, una sede física accesible, canales de comunicación activos. Nada de eso parece estar claro en este caso. Las direcciones declaradas ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social figuran cerradas o sin actividad, los teléfonos no responden, y los nombres de quienes deberían dar la cara simplemente no aparecen.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo se sostiene en el tiempo un sistema de descuentos sin control visible? La respuesta, incómoda pero persistente, apunta hacia la complicidad o, al menos, la permisividad del Estado. Porque estos descuentos no ocurren en la clandestinidad: pasan por los recibos oficiales, atraviesan los sistemas administrativos y requieren autorización.

En ese circuito aparece el rol del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, que debería ser garante del control y la legalidad de cada peso que se descuenta a un trabajador.

Sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor. Y los damnificados siguen golpeando puertas falsas. No hay informes públicos claros, no hay auditorías difundidas, no hay explicaciones convincentes. Y mientras tanto, el dinero sigue saliendo del bolsillo de quienes, muchas veces, ni siquiera saben por qué están pagando.

Este tipo de situaciones no solo afectan el salario. Afectan algo más profundo: la confianza. Porque cuando el Estado, que debería proteger, aparece como parte del problema, el ciudadano queda en absoluta indefensión.

No se trata aquí de atacar la figura del mutualismo, que en su esencia es solidaria y necesaria. Se trata de cuestionar una práctica que, de confirmarse en toda su dimensión, podría constituir una de las formas más perversas de recaudación encubierta: aquella que se realiza con el consentimiento implícito del poder y la resignación forzada de los trabajadores.

La transparencia no es una opción. Es una obligación. Y en Formosa, hoy más que nunca, hace falta una respuesta clara: ¿Quién administra esos fondos? ¿Bajo qué legalidad se realizan los descuentos? ¿Dónde está la mutual que figura en los recibos?

Porque cuando las respuestas no aparecen, lo que crece no es la duda: es la sospecha. Y cuando la sospecha se vuelve estructural, ya no estamos frente a un error administrativo. Cuando para muestra basta un botón. Estamos frente a un sistema corrupto. Y si, viva Perón y Evita también.

Autor: R.V