Viralización de video reabre debate sobre intimidad y delitos

La exposición viral de quien todos identifican como “Lorena, la chica de la Costanera” volvió a poner en discusión los límites entre lo público y lo privado en redes sociales. Lo que comenzó como un hecho íntimo terminó convertido en espectáculo digital, con miles de comentarios, burlas y acusaciones que multiplicaron el daño.

En comunicación con el programa "Formosa Mi Ciudad" de FM Espacios 92.5, el abogado Ariel Urbieta analizó las posibles consecuencias legales de la difusión de un video privado sin consentimiento y fue contundente: “No porque algo circule en internet significa que esté permitido. Están en juego el derecho a la intimidad, la protección de los datos personales y la responsabilidad penal por publicación indebida”.

El letrado explicó que existen distintos niveles de responsabilidad. Por un lado, el derecho civil protege la intimidad y la propia imagen; por otro, la normativa sobre protección de datos personales; y además puede configurarse un delito penal cuando se publica o difunde contenido que no debió hacerse público.

En ese marco, recordó que en Argentina rige la llamada Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. “Cuando se difunde contenido sin consentimiento y se afecta la integridad o la privacidad de una mujer, estamos ante violencia de género digital”, sostuvo. Según explicó, la cosificación, la exposición y la denigración pública encuadran dentro de este tipo de conductas.

Compartir también es responsabilidad

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la responsabilidad de quienes replican el contenido. Urbieta señaló que no sólo quien sube el video por primera vez puede ser responsable, sino también quienes lo comparten, comentan con agravios o lo difunden desde páginas o sitios que se presentan como informativos.

“La persona que comparte también tiene intención de exponer y contribuir a la viralización. No se puede escudar todo en la libertad de expresión”, afirmó, y agregó que los medios y administradores de páginas deben actuar con ética profesional, especialmente cuando la publicación afecta el honor y la imagen de una persona.

Medidas urgentes y acciones judiciales

Consultado sobre los pasos legales posibles, el abogado indicó que la persona afectada puede solicitar medidas judiciales para que se elimine el contenido de determinadas páginas o perfiles identificados. Estas medidas, explicó, deben gestionarse con rapidez, ya que en el entorno digital las publicaciones pueden borrarse o modificarse en cuestión de minutos.

Además de la vía civil, existe la posibilidad de realizar una denuncia penal. En Formosa, precisó, las denuncias vinculadas a delitos informáticos pueden radicarse en el área especializada de Ciberdelito. También recomendó recurrir a un abogado de confianza para iniciar acciones judiciales y preservar pruebas digitales.

El mito del anonimato

Otro aspecto abordado fue la creencia de que comentar desde perfiles falsos garantiza impunidad. Urbieta aclaró que, si bien la investigación puede ser compleja y requerir peritajes técnicos, es posible rastrear direcciones IP, dispositivos y conexiones para identificar a los responsables.

“Siempre queda un rastro digital”, remarcó, y señaló que en casos más graves —como delitos vinculados a la explotación infantil— las investigaciones permitieron identificar y allanar a personas que creían actuar en el anonimato.

Posible indemnización

Finalmente, el abogado confirmó que la persona afectada puede reclamar una indemnización por los daños sufridos, tanto contra quien inició la viralización como contra quienes, por su grado de responsabilidad, hayan contribuido a ampliar el perjuicio.

El caso reabre una pregunta que atraviesa a la sociedad digital: ¿hasta dónde llega la libertad de opinar y compartir, y dónde comienza la vulneración de derechos? En tiempos de exposición inmediata y juicios colectivos en redes, la advertencia es clara: viralizar también puede tener consecuencias legales.