A 24 años del “corralito”, la herida aún no cicatriza

El 1º de diciembre de 2001, mediante el decreto 1570/2001, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo puso en marcha una de las decisiones más traumáticas de la historia reciente argentina: la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo en bancos. A partir de ese momento, los ciudadanos solo podían retirar hasta 250 pesos o dólares por semana de sus cuentas, ya fueran cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos.

La intención oficial era frenar la sangría de depósitos, evitar una corrida bancaria, preservar las reservas del Estado y mantener a flote el modelo de convertibilidad que igualaba peso y dólar. Sin embargo, el costo social fue enorme: una población acostumbrada al efectivo quedó virtualmente sin acceso a sus propios ahorros, mientras la informalidad económica —trabajo doméstico, changas, comercios que operaban casi exclusivamente en efectivo— sufrió un golpe letal.

El impacto fue inmediato: el “corralito” aceleró el colapso económico que ya amenazaba desde hacía meses e impulsó una explosión social. En pocos días se pasó de indignación silenciosa a protestas masivas: huelgas generales, saqueos, cortes de calles, y las emblemáticas “caceroladas” donde ciudadanos de clase media salieron a golpear sus ollas en las calles para reclamar la devolución de sus ahorros.

Finalmente, la crisis estalló con violencia: entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras la declaración de estado de sitio, miles de personas tomaron las calles, hubo represión, decenas de muertos, y ante la presión social, Fernando de la Rúa renunció y abandonó la Casa Rosada en helicóptero.

Más allá del quiebre institucional inmediato, el “corralito” quedó grabado en la memoria colectiva. El término —junto a “cacerolazo” — trascendió las fronteras nacionales, y hoy se usa en el mundo hispano como referencia histórica para describir la inmovilización de depósitos por parte de gobiernos que enfrentan crisis.

Como recordatorio, este 1º de diciembre marca un nuevo aniversario de aquella medida que convulsionó la vida de millones de argentinos. Una herida abierta que no puede olvidarse si se pretende construir un futuro con justicia, memoria y garantías para el ahorro popular.