PEDIDO URGENTE
La Defensoría pidió al Congreso rechazar el veto a jubilados y discapacidad
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, encabezada por el Dr. José Leonardo Gialluca, realizó una presentación formal ante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación solicitando que se rechace el decreto presidencial N.º 534/25, por el cual el presidente Javier Milei vetó totalmente las leyes sancionadas que establecían una mejora en los haberes jubilatorios, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a las vicepresidencias a cargo de Cecilia Moreau, Silvia Lospennato y Julio Cobos; a la Comisión Permanente de Discapacidad que encabeza Daniel Arroyo; a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los demás legisladores nacionales.
El defensor Gialluca expresó que los fundamentos jurídicos del decreto presidencial presentan “graves errores constitucionales y convencionales”. En su argumentación, sostuvo que el Gobierno Nacional hace una lectura parcial del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, al priorizar el mandato de preservar el valor de la moneda, omitiendo que también se impone el deber de garantizar el desarrollo humano con justicia social. También remarcó que el inciso 23 del mismo artículo establece la obligación del Congreso de legislar con perspectiva de inclusión, en especial hacia los adultos mayores y personas con discapacidad.
Asimismo, el Ombudsman denunció que el Ejecutivo ignora compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige a los Estados utilizar el máximo de sus recursos para garantizar derechos básicos.
Gialluca rechazó además los argumentos oficiales sobre la falta de financiamiento. “Todas las leyes vetadas tienen fuente de financiamiento”, afirmó, y recordó que es el propio Gobierno Nacional el que decidió no presentar un presupuesto 2025, lo cual lo habilita a reconducir partidas presupuestarias, tal como ya ha hecho para pagar deuda o financiar organismos de inteligencia.
“Nadie con sentido común busca afectar el orden macroeconómico”, aseguró, pero advirtió que “el superávit fiscal no puede ser excusa para desatender a los sectores más vulnerables del país”. Desde su óptica, las leyes vetadas no afectan el equilibrio fiscal y representan apenas “un pequeño alivio” para jubilados y personas con discapacidad, quienes ya vienen siendo castigados por el actual programa económico.
Finalmente, Gialluca remarcó que “los jubilados y las personas con discapacidad tienen derechos, y el Estado nacional obligaciones que cumplir”. Por ello, pidió al Congreso que haga valer su rol institucional y rechace el veto presidencial, en defensa de la dignidad y los derechos de los más postergados.