Cruces en Diputados por reunión de derechos humanos en Formosa

Una intensa controversia se generó en la Cámara de Diputados por la decisión de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ajmechet, de convocar a una reunión para hoy en la provincia de Formosa. El encuentro, destinado a recoger testimonios sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en esa provincia, fue duramente cuestionado por legisladores de distintos bloques.

Desde Unión por la Patria calificaron la medida como “arbitraria” y “sesgada”, y presentaron una nota formal solicitando que se revoque la autorización para llevar adelante la reunión fuera del Congreso. Argumentan que la convocatoria infringe el artículo 106 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que establece que las reuniones deben realizarse en dependencias legislativas, salvo excepciones debidamente justificadas.

Los diputados del bloque oficialista señalaron que no se discutieron ni aprobaron circunstancias especiales para trasladar la actividad a Formosa, y remarcaron que no se celebraron reuniones deliberativas durante este período legislativo que avalen la decisión.

Además, denunciaron un patrón en la conducción de Ajmechet, a quien acusan de excluir sistemáticamente del temario a las violaciones de derechos humanos atribuidas al actual gobierno nacional. En una nota previa, con fecha del 6 de mayo, ya habían advertido sobre un uso “discrecional y con fines de especulación política” de la agenda de la comisión.

A las críticas se sumó el diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, quien también rechazó la convocatoria y anticipó que no participará. En una segunda nota enviada a Ajmechet, Vilca acusó a la presidenta de llevar adelante una maniobra electoralista, teniendo en cuenta la cercanía con las elecciones provinciales del 29 de junio.

El legislador también cuestionó la omisión de temas como las represiones a manifestaciones, la violencia institucional, los discursos discriminatorios en el Congreso y la falta de pronunciamientos ante denuncias internacionales como el genocidio en la Franja de Gaza. “Ninguna de estas cuestiones resultaron relevantes ni ameritaron el interés de la presidenta de la Comisión”, expresó.

La polémica, que trasciende lo reglamentario, pone de manifiesto una disputa más amplia por la orientación política y el criterio de representatividad en la defensa de los derechos humanos dentro del Parlamento.