Defensoría del Pueblo de Formosa exige suspensión de notificaciones a pensionados por discapacidad

La Dirección de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa solicitó al gobierno nacional de Javier Milei la suspensión inmediata del envío de cartas documento a beneficiarios de pensiones por discapacidad. El organismo argumenta que el proceso de notificación implementado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) presenta graves irregularidades y vulnera los derechos de las personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que las notificaciones no se están realizando en los domicilios de los beneficiarios, especialmente en el interior provincial, donde la falta de nomenclatura en las calles dificulta la entrega. Además, se han detectado casos de citaciones a establecimientos privados sin considerar las dificultades de traslado de las personas con discapacidad, la entrega de notificaciones a terceros y la utilización de un lenguaje técnico que genera confusión. Estas situaciones ya habían sido advertidas en su momento, dado que las mismas se producen no solamente en Formosa, sino en todo el país y, sin embargo, la ANDIS no llevó adelante ninguna corrección ni ajuste razonable, antes de enviar las notificaciones, “en nuestro territorio, directamente el Gobierno Nacional desmanteló por completo la Delegación de la ANDIS, lo cual, agrava aún más la posibilidad de asesoramiento y defensa en favor de las personas que poseen una pensión por discapacidad”.

Gialluca criticó la falta de ajustes razonables por parte de la ANDIS a pesar de las advertencias realizadas y señaló que el desmantelamiento de la delegación local agrava la situación al limitar el acceso al asesoramiento y la defensa de los derechos de los pensionados. 

La Defensoría del Pueblo exige a la ANDIS que, en caso de reanudar las notificaciones, informe detalladamente los criterios de revisión, garantice la entrega a los titulares en un lenguaje claro y simplifique la documentación a presentar. También solicita que las entrevistas se realicen en el domicilio de los beneficiarios o en lugares cercanos, considerando que en su mayoría son adultos mayores con diversas dolencias.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió a la ANDIS sobre la obligación del Estado Nacional de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, recordando que la baja de las pensiones no solo implica la pérdida del ingreso económico, sino también la cobertura de la obra social, dejando a miles de personas en un estado de total desamparo.

El organismo espera que tanto la ANDIS como el Ministerio de Salud de la Nación revisen el proceso de auditoría y el trato que se les está dando a las personas con discapacidad. Se denunció además, que medios radiales, redes sociales y particulares, estarían haciendo firmar a los pensionados, planillas con sus datos, con la supuesta intención de que pierdan el beneficio, cuando las notificaciones, únicamente las debería realizar el personal de la empresa Urbano Express S.A., cuyos responsables también serán citados para que brinden explicaciones, evaluándose además, la posibilidad de iniciar acciones penales y civiles.