jueves 29 de octubre de 2026

DEBATE PARLAMENTARIO

Rossi cuestionó el Presupuesto 2026 por el ajuste en asignaciones familiares, discapacidad y universidades

El diputado nacional de Unión por la Patria advirtió sobre el impacto social del proyecto del Gobierno y puso en duda sus proyecciones económicas. También fue muy crítico con el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de brindarle al ex candidato presidencial, Flavio Bolsonaro la logística para fugarse a Estados Unidos.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre sus consecuencias económicas y sociales. En una entrevista con el programa La otra mirada, de FM Espacios de Formosa, también se refirió a la polémica por la presunta salida de del ex candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil Flavio Bolsonaro con destino a Estados Unidos y acusó a la administración argentina de haber colaborado en la operación.

Rossi abordó las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados para avanzar con el tratamiento del presupuesto, cuestionó las proyecciones económicas del Gobierno y manifestó su preocupación por la falta de financiamiento para áreas sensibles. En ese punto, al referirse a la suspensión de la reunión prevista para tratar el presupuesto, en medio de las presiones de los bloques aliados al oficialismo, puso en duda la confiabilidad de las previsiones económicas del Gobierno nacional.

Fuerte cuestionamiento a las proyecciones del Presupuesto 2026

“Es difícil creerles”, afirmó el legislador, quien sostuvo que las metas contempladas en el presupuesto anterior no se cumplieron una vez ejecutado. Según explicó, los resultados económicos estuvieron por debajo de las previsiones oficiales, con más inflación, menor crecimiento económico y mayores niveles de desocupación y desempleo.

En ese sentido, consideró que el nuevo proyecto también presenta aspectos preocupantes, tanto por sus proyecciones macroeconómicas como por las medidas que podrían afectar los ingresos de las familias argentinas.

Uno de los puntos que señaló el legislador nacional fue la eliminación de la actualización automática mensual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para Rossi, la decisión implica un retroceso porque, al dejar de existir un mecanismo automático de actualización, los aumentos pasarían a depender de decisiones discrecionales del Gobierno.

“Si el Gobierno quita la actualización automática, es porque significa que va a ser una actualización discrecional. Y si la quita es fundamentalmente porque va a actualizar por debajo del IPC”, sostuvo.

El diputado remarcó que esta modificación podría deteriorar el poder adquisitivo de las prestaciones sociales y afectar especialmente a los hogares que dependen de esos ingresos para afrontar sus necesidades cotidianas.

“Estas asignaciones familiares para muchas familias argentinas son de importancia vital”, enfatizó, al referirse particularmente a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo.

Falta de obra pública y las dudas sobre el crecimiento económico

Otro de los cuestionamientos de Rossi estuvo relacionado con la ausencia de inversiones significativas en infraestructura dentro del proyecto presupuestario.

El legislador sostuvo que la propuesta carece de partidas destinadas a obras públicas sustanciales y advirtió especialmente sobre la falta de proyectos de vivienda.

“Es un presupuesto que obviamente adolece de la obra pública, que es uno de los temas que nosotros siempre venimos insistiendo. No hay obra pública sustancial, menos aún hay obras de vivienda que se puedan llevar adelante y que se puedan realizar”, afirmó.

Además, puso en duda que la economía argentina pueda alcanzar el crecimiento previsto por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta el escenario económico que describió como recesivo.

El diputado consideró que las proyecciones oficiales no se corresponden con la situación que atraviesa el país y anticipó que ese será uno de los puntos centrales de la discusión legislativa.

Universidades y discapacidad: la preocupación por el financiamiento de las leyes

Durante la entrevista en FM Espacios, Rossi también se refirió a la situación presupuestaria de las universidades nacionales y de las personas con discapacidad.

Consultado sobre la falta de previsiones para garantizar la aplicación de la ley universitaria, señaló que existe una discusión más amplia en torno a las normas vinculadas con el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

En relación con las universidades, cuestionó el argumento del Gobierno nacional acerca de los fondos que ya fueron transferidos.

“Lo que tenemos todo un debate sobre la ley de emergencia en discapacidad, universitaria, porque el Gobierno plantea claramente que ha enviado fondos a las universidades, pero esos fondos son menores a los que se han aprobado por la gente del Congreso”, manifestó.

Según explicó, una preocupación similar existe respecto de las políticas destinadas a las personas con discapacidad, debido a la posibilidad de que las leyes aprobadas por el Congreso no cuenten con los recursos necesarios para su implementación.

Rossi recordó que la normativa vinculada con la discapacidad fue aprobada con el acompañamiento de diputados de distintos sectores políticos, incluido el oficialismo.

“Lo que tenemos miedo es que esa ley se quede sin presupuesto en este presupuesto”, advirtió.

Asimismo, manifestó su inquietud por las versiones relacionadas con posibles bajas de pensiones por discapacidad. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno pueda avanzar con esas decisiones mediante criterios discrecionales.

El legislador sostuvo que estas cuestiones forman parte de los motivos por los cuales su espacio político considera negativo el proyecto presupuestario.

“Es un mal presupuesto”, resumió.

Sobre las negociaciones para modificar o aprobar la iniciativa, aclaró que Unión por la Patria no participa de las conversaciones que mantiene el oficialismo con sus aliados.

Por eso, señaló que su espacio seguirá de cerca el desarrollo de las tratativas y el resultado de la discusión política en torno al proyecto.

Rossi acusó al Gobierno de Milei de complicidad en la salida de Bolsonaro de Brasil

Por otra parte, se manifestó sobre la controversia relacionada con la presunta salida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos y las sospechas sobre una posible colaboración del Gobierno argentino. El ex candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil está imputado en la Justicia brasileña de varios delitos, entre ellos lavado de activos y evasión.

Al respecto, Agutín Rossi fue contundente en su respuesta y atribuyó responsabilidad a la administración de Javier Milei.

“No se hubiese podido escapar de la justicia brasileña Bolsonaro si no hubiese sido con la complicidad del Gobierno argentino”, afirmó.

Asimismo sostuvo que Bolsonaro habría contado con la ayuda del mandatario argentino para concretar su salida del país. Como argumento, mencionó el avión que habría trasladado hacia Estados Unidos y la necesidad de gestionar un plan de vuelo en territorio argentino.

A partir de ese planteo, el legislador consideró que las autoridades argentinas debían conocer las circunstancias del traslado y cuestionó que se hubiera facilitado la operación, según su interpretación de los hechos.

En ese contexto, rechazó que Bolsonaro pudiera ser considerado un perseguido político.

“Bolsonaro no es un preso político”, afirmó mientras que aclaró que se trata de "un prófugo de la Justicia brasileña".

Rossi sostuvo que es necesario pedir explicaciones a las autoridades nacionales y reclamó que se investigue la posible intervención de distintos organismos estatales.

“Entendemos que estuvieron involucradas distintas áreas del Gobierno, Cancillería, Migraciones, el Ministerio de Seguridad, que fueron los que permitieron que Bolsonaro pudiese salir de Brasil vía la Argentina”, manifestó.

De acuerdo con su planteo, la presunta operación no habría sido una acción aislada, sino una coordinación entre distintos actores políticos y gubernamentales.

“Esto ha sido una operación coordinada entre el Departamento de Estado norteamericano, el Gobierno argentino y, obviamente, la familia Bolsonaro”, sostuvo.

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