La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a financiar las universidades públicas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoció luego de que el máximo tribunal rechazara un recurso presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el caso.

La resolución mantiene vigente la orden judicial para actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y recomponer los programas destinados a los estudiantes, tal como establece la norma sancionada y ratificada por el Congreso Nacional.

El fallo fue firmado por los jueces de la Corte Suprema, quienes desestimaron la apelación del Gobierno nacional y dejaron firme la cautelar dictada previamente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa había sido iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional tras el decreto que suspendió la aplicación de la ley.

El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, sostuvo que ahora resta que la Corte Suprema se expida sobre la inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei que interrumpió el envío de fondos a las universidades. En ese sentido, afirmó que desde el organismo continuarán respaldando "la lucha de los trabajadores universitarios y estudiantes".

El Ombudsman provincial recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso Nacional y "conquistada por los estudiantes, a través de huelgas y movilizaciones pacíficas de toda la comunidad educativa". Además, señaló que, si bien el fallo llega después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades.

"Representa un precedente importante para la actividad del Congreso y un fuerte mensaje al Poder Ejecutivo respecto del abuso del uso del veto".

Finalmente, Gialluca cuestionó la postura del Gobierno nacional sobre las fuentes de financiamiento de la ley y aseguró que se intenta eludir obligaciones impuestas por una norma vigente. También comparó esta situación con otros sectores, como el de las personas con discapacidad, y sostuvo que mientras se argumenta que "no hay plata", sí existen recursos destinados a sectores financieros y empresariales, en un contexto donde muchas familias deben endeudarse para afrontar gastos básicos como alquileres, alimentos y medicamentos.