Polémica por la Ley de Inocencia Fiscal: podrán aumentar patrimonios sin explicaciones

La denominada Ley de Inocencia Fiscal volvió a instalar el debate sobre los mecanismos de control tributario en Argentina. Mientras el Gobierno nacional la presenta como una herramienta para incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero y dinamizar la economía, especialistas advierten que podría facilitar la regularización de fondos sin una adecuada verificación de su origen.

Durante una entrevista con La Otra Mirada por FM Espacios 92.5, el contador Mario Campello explicó que la iniciativa surge de la intención oficial de atraer parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario. Según estimaciones citadas por el economista, existirían alrededor de 200.000 millones de dólares guardados en cajas de seguridad o fuera del circuito financiero formal.

Para lograr ese objetivo, el Gobierno había habilitado previamente la posibilidad de incorporar hasta 50 millones de pesos mensuales al sistema financiero sin que los bancos estuvieran obligados a reportar automáticamente esas operaciones como sospechosas. Ahora, la nueva reforma busca evitar que esos movimientos generen inconvenientes posteriores en las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Campello sostuvo que el cambio más importante afecta a los controles patrimoniales. Explicó que históricamente el fisco comparaba los ingresos declarados por una persona con el crecimiento de sus bienes para detectar posibles inconsistencias o maniobras de evasión.

“Si alguien declaraba ingresos modestos pero adquiría propiedades, vehículos o inversiones millonarias, se encendían alertas que permitían investigar el origen de esos recursos”, explicó el profesional. A su entender, esa herramienta pierde efectividad con las nuevas disposiciones.

El especialista también señaló que el proyecto original contemplaba límites para ingresar al régimen simplificado, tanto en materia de ingresos como de patrimonio. Sin embargo, esos topes fueron eliminados durante la discusión de la norma, ampliando su alcance a cualquier contribuyente que decida adherirse.

Otro aspecto cuestionado es la modificación de la Ley Penal Tributaria. Según Campello, se elevaron significativamente los montos mínimos requeridos para configurar delitos de evasión, lo que podría reducir la cantidad de casos alcanzados por sanciones penales.

La polémica se profundizó tras conocerse que familiares y funcionarios cercanos al Gobierno decidieron adherirse al régimen. Para Campello, más allá de la legalidad de la medida, la situación genera cuestionamientos éticos porque históricamente este tipo de beneficios excluía a quienes ocupaban cargos públicos.

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A modo de conclusión, el contador consideró que la discusión no pasa únicamente por atraer dólares a la economía, sino por el impacto que tendrá la flexibilización de los controles fiscales. “Lo que está en juego es la capacidad del Estado para verificar el origen de los patrimonios y detectar posibles maniobras de evasión”, resumió.