Uruguay reglamentó la eutanasia: “Hasta el último minuto se prioriza la voluntad del paciente”

La reciente reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay abre un nuevo escenario en materia de salud y derechos individuales, con interrogantes clave sobre su implementación. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Existe una lista de espera?

En diálogo con "La Otra Mirada" de FM Espacios 92.5, el periodista Daniel Bianchi, director del noticiero de Radio Oriental AM 770 de Montevideo, brindó precisiones sobre el alcance de la normativa que fue reglamentada por el presidente Yamandú Orsi.

Según explicó, la ley —aprobada en octubre de 2025— establece que podrán solicitar la eutanasia aquellas personas que padezcan enfermedades terminales, incurables e irreversibles. El objetivo central es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente” el proceso de morir, una definición que fue especialmente resaltada por el mandatario uruguayo.

El procedimiento no es automático. Cada caso deberá ser evaluado por una comisión multidisciplinaria integrada por profesionales de la salud, que analizarán informes médicos y psicológicos antes de autorizar la práctica. Además, un punto clave del protocolo es que la decisión del paciente es absoluta y puede ser revocada en cualquier momento del proceso.

“Hasta el último minuto se prioriza la voluntad del paciente”, remarcó Bianchi, quien aclaró que no existe injerencia de familiares en la decisión final, evitando así posibles conflictos o judicializaciones como ocurrió en otros países.

Uno de los aspectos que generaba mayor expectativa era la posibilidad de una demanda inicial masiva. Sin embargo, el periodista fue categórico: no hay una lista de espera ni registros oficiales de personas aguardando acceder a la eutanasia. “El decreto es muy reciente. Puede haber casos potenciales, pero no existen filas ni cifras confirmadas”, señaló.

En paralelo, el debate en Uruguay también puso el foco en los cuidados paliativos como alternativa. Si bien están contemplados en la normativa, Bianchi advirtió que el sistema de salud aún presenta desigualdades en su aplicación, especialmente fuera de Montevideo, donde el acceso puede ser más limitado.

La reglamentación también establece garantías para el equipo médico interviniente, que quedará exento de responsabilidades penales y civiles al aplicar el procedimiento dentro del marco legal. Este punto busca dar seguridad jurídica a los profesionales, en un tema históricamente atravesado por dilemas éticos.

A nivel del cuerpo médico, según encuestas internas del Sindicato Médico del Uruguay, existe una alta aceptación de la práctica: cerca del 80% de los profesionales se mostró a favor de la eutanasia, aunque también se contempla la objeción de conciencia.

Con la reglamentación ya en vigencia, Uruguay inicia una nueva etapa en la aplicación de esta ley. “Recién estamos al comienzo del camino”, sintetizó Bianchi, al advertir que será la práctica concreta la que permitirá dimensionar el impacto social, sanitario y ético de una de las normativas más sensibles de los últimos años.

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