Nación suspende envío de vacunas obligatorias y crece la preocupación en las provincias

La decisión del Gobierno nacional de interrumpir el envío de vacunas clave del calendario obligatorio encendió señales de alarma en el sistema de salud pública. La medida afecta a tres inmunizaciones fundamentales: HPV, Triple Viral y BCG, y ya genera preocupación en las provincias por sus posibles consecuencias sanitarias.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, confirmó que la comunicación oficial fue enviada desde Nación informando la suspensión en la provisión de estas dosis. Además, advirtió que el resto de las vacunas también presenta demoras en su distribución, lo que agrava el escenario.

Se trata de tres pilares históricos de la política preventiva en Argentina. La vacuna Triple Viral protege contra enfermedades altamente contagiosas como el sarampión, la rubéola y las paperas; la vacuna contra el HPV previene diversos tipos de cáncer; mientras que la BCG es clave en la lucha contra la tuberculosis. Todas forman parte de un esquema que permitió, durante décadas, mantener bajo control enfermedades que hoy podrían reemerger.

El propio Ministerio de Salud de la Nación había advertido semanas atrás sobre la importancia de sostener las coberturas de vacunación, especialmente ante el brote de sarampión registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 32 casos confirmados en el país. En ese contexto, la interrupción del suministro genera fuertes cuestionamientos.

Montero también descartó que las provincias puedan resolver rápidamente la situación mediante la compra directa de vacunas. “No es algo sencillo, implica protocolos internacionales en articulación con la Organización Panamericana de la Salud. No es salir a comprar de un momento para otro”, explicó, al tiempo que cuestionó con dureza la política sanitaria nacional. “Se está desarticulando un sistema probado”, sostuvo.

El impacto potencial de esta medida preocupa especialmente a los sectores más vulnerables. Profesionales de la salud advierten que la falta de vacunas puede derivar en un aumento de enfermedades prevenibles, con consecuencias directas en la morbimortalidad infantil, en personas mayores y en pacientes con condiciones de riesgo.

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En ese sentido, pediatras y trabajadores de la salud expresaron su rechazo a lo que consideran un “proceso sistemático de recorte” en políticas públicas sanitarias. Señalan que la situación no responde a una falta de recursos, sino a decisiones de gestión que debilitan programas esenciales como el sistema de vacunación, el PAMI o el programa Sumar.

“El objetivo de nuestra profesión es garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. No podemos ser indiferentes ante la pérdida de herramientas básicas para hacerlo”, remarcaron.

Al mismo tiempo llamaron a reclamar, exigir y movilizarse en defensa del sistema público.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en todo el país. La interrupción del envío de vacunas no sólo compromete la prevención de enfermedades, sino que también pone en tensión uno de los pilares históricos de la salud pública argentina.