“Que digan dónde están”: organizaciones de derechos humanos renuevan el reclamo en Formosa

A 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-militar en la Argentina, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas renovaron en Formosa el reclamo histórico por los detenidos desaparecidos bajo la consigna “Que digan dónde están”, al tiempo que convocaron a la comunidad a participar de actividades conmemorativas durante el próximo 24 de marzo.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron un régimen represivo que, según señalaron los organismos firmantes del documento, impuso “a sangre, fuego y terror” un proyecto político y económico basado en la persecución sistemática de opositores.

Durante la dictadura se implementaron prácticas de secuestro, tortura, abuso sexual, apropiación de niños y desaparición forzada de personas. En todo el país funcionaron más de 800 centros clandestinos de detención y exterminio, y se estima que 30.000 personas fueron desaparecidas.

El terrorismo de Estado en Formosa

Formosa también fue escenario de la represión ilegal. Según recordaron las organizaciones, en la provincia operaron centros clandestinos de detención en el Regimiento de Infantería de Monte 29, el destacamento policial del barrio San Antonio —conocido como “La Escuelita”— y dependencias de Gendarmería Nacional en Clorinda, entre otros lugares.

En esos espacios fueron asesinados y desaparecidos al menos 70 formoseños. Entre las víctimas se mencionan a trabajadores judiciales y miembros de la Asociación Judicial Formosa como Pedro Crisólogo Morel, Sara Fulvia Ayala, Mirta Insfrán, Ricardo Borgne y Zulma Sena. También fue víctima el abogado Fausto Augusto Carrillo, vinculado al gremio judicial, quien murió en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur.

El documento sostiene además que estos crímenes de lesa humanidad contaron con la complicidad de sectores del Poder Judicial de la época.

Entre las víctimas del terrorismo de Estado también se encontraban militantes políticos y sociales como Fabián Oviedo, Francisco “Pancho” Bogarín, Cantalicio Mazacote, Porfirio Domínguez, Ramón Luciano Díaz, Julio Andrés Pereyra, Mamerto Cáceres, Máximo Bruno Vianconi y Carlos “Caíto” Genes, además de campesinos nucleados en la Unión de Ligas Agrarias Formoseñas.

En ese contexto represivo, el sacerdote Santiago Renevot fue detenido y posteriormente expulsado del país en 1976. Como protesta, el entonces obispo Pacífico Scozzina ordenó el cierre de iglesias en la provincia.

Juicios y reclamos de justicia

Tras el retorno de la democracia, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos impulsaron denuncias ante la Justicia Federal. Formoseños participaron como testigos en el Juicio a las Juntas Militares, mientras otros debieron exiliarse.

Los firmantes recordaron que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, junto con los indultos presidenciales de la década de 1990, retrasaron durante años el juzgamiento de los responsables. Recién tras la anulación de esas normas y el impulso de políticas de memoria en los años posteriores se lograron condenas en causas por delitos de lesa humanidad en Formosa, entre ellas Colombo, Camicha, Echeverría, Domato y Cionci.

No obstante, señalaron que la demora judicial permitió que numerosos represores murieran sin condena y que aún existen causas paralizadas.

Memoria activa y convocatoria

En el documento difundido públicamente, las organizaciones expresaron su preocupación ante lo que calificaron como un contexto político “negacionista” y reafirmaron el reclamo histórico junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos de todo el país.

Además, destacaron que el reciente hallazgo de restos de desaparecidos en el ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, refuerza la necesidad de avanzar con excavaciones pendientes en territorio formoseño.

Como parte de las actividades conmemorativas, convocaron a la ciudadanía a intervenir pañuelos blancos —símbolo de la lucha por los derechos humanos— en escuelas, clubes, barrios y organizaciones sociales.

“Llenemos de pañuelos y de resistencias las plazas”, expresaron, al reiterar que la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia continúa vigente a cinco décadas del golpe militar.

El documento fue suscripto por víctimas y familiares de detenidos desaparecidos formoseños, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y referentes sociales y políticos de la provincia.