El Gobierno impulsa Ley Penal Juvenil y baja imputabilidad desde 13 años

El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión legislativa al impulsar la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone modificar de manera integral el régimen penal aplicable a menores de edad. El proyecto, promovido por el oficialismo y respaldado por Patricia Bullrich desde el Senado, plantea la baja de la edad de imputabilidad y la creación de un sistema penal específico para adolescentes en conflicto con la ley.

La propuesta busca reemplazar la Ley 22.278, vigente desde 1980, que el Ejecutivo considera desactualizada frente a los estándares constitucionales y a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos. La iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, aunque desde el propio oficialismo admiten que el debate podría extenderse al período ordinario que comienza el 1° de marzo.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad penal, que actualmente se encuentra fijada en los 16 años. El texto oficial propone bajarla a los 13, incorporando a los adolescentes a un régimen penal diferenciado. Según la fundamentación del Gobierno, el sistema vigente genera vacíos legales frente a delitos graves y no ofrece respuestas eficaces ante determinadas conductas delictivas protagonizadas por menores.

Para sostener la iniciativa, el oficialismo compara la legislación argentina con la de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, donde rigen edades más bajas de responsabilidad penal juvenil. El debate se reactivó con fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, caso que fue utilizado como argumento político para reforzar la necesidad de avanzar con la reforma.

El proyecto establece un nuevo régimen aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años, con un enfoque que combina sanción penal, control judicial y dispositivos educativos. El texto remarca que la finalidad del sistema es promover la responsabilidad legal del adolescente, pero también su educación, resocialización e integración social, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y un tratamiento diferenciado acorde a la edad.

Entre los puntos destacados, se prohíbe que los menores sean alojados junto a adultos y se dispone que toda privación de la libertad se cumpla en institutos especializados o en espacios separados, bajo personal capacitado y con orientación formativa. Además, se excluye la posibilidad de prisión perpetua y se fija un límite máximo de 20 años de condena, con opciones de cumplimiento alternativo una vez cumplidos los dos tercios de la pena.

Con este proyecto, el oficialismo intenta posicionar la Ley Penal Juvenil como uno de los ejes centrales de su agenda legislativa de 2026. La iniciativa vuelve a instalar un debate de fondo sobre el rol del Estado frente al delito juvenil y el equilibrio entre seguridad pública, derechos de la infancia y políticas de reinserción social.