Padilla Tanco: en Formosa “hasta un 70% de los casos de abuso infantil son intrafamiliares”

En un contexto de crisis social que vulnera crecientemente a las infancias, el Dr. Jorge Enrique Padilla Tanco, asesor de menores ante el Juzgado de Menores, advirtió sobre las múltiples circunstancias que llevan a un niño, niña o adolescente a la órbita judicial y cuestionó la falta de una política de niñez a nivel nacional. Asimismo, calificó como "absolutamente inconstitucional" el intento del Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad, un debate que, asegura, ignora la deuda del Estado para con los menores.

“Las infancias están atravesadas por crisis políticas, económicas y sociales que las dejan expuestas a múltiples formas de violencia”, señaló. El Dr. Padilla Tanco indicó al programa Cuarto Oscuro que los menores llegan al sistema judicial por diversas causas: “Pueden ser víctimas de malos tratos, abandono o estar en conflicto con la ley penal. Normalmente las cuestiones arrancan en el organismo administrativo de Niñez, Adolescencia y Familia”.

En casos de conflicto con la ley, tras la intervención inicial de las fuerzas de seguridad, se da participación tanto al organismo administrativo como al juzgado y la asesoría de menores.

El asesor explicó además que entre un 65 y 70% de los casos de abuso infantil son intrafamiliares, una cifra que considera alarmante. “Los vínculos de los abusadores suelen ser muy cercanos. Los casos de personas totalmente ajenas a la familia son muy pocos”, afirmó mientras indicó con indignación: "No hay semana que nosotros no tengamos Cámara Gesell".

En este contexto, la falta de una política nacional de niñez se hace evidente. "No existe", sentenció, a pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución, establece lineamientos claros que los estados deben seguir.

El Dr. Padilla Tanco, con décadas de experiencia en el ámbito judicial, recordó que la ley penal juvenil vigente data de la época del proceso militar. “Está tan desactualizada que hoy resulta inaplicable. Es otra muestra de la falta de una política integral de niñez”. En ese sentido, llamó a la reflexión colectiva: “Tenemos que aprender a respetar las normas y exigir a nuestras autoridades que las cumplan. El Estado debe garantizar seguridad, educación y salud, y en ese mismo marco proteger los derechos de las infancias”.

Adopciones demoradas y leyes ineficaces

Respecto al tema de adopción, el magistrado describió un panorama heterogéneo. Si bien existe una lista de familias esperando para adoptar, "no todas buscan menores con idénticas características. La mayor parte se inclina por menores recién nacidos". 

En el programa Cuarto Oscuro reveló, sin embargo, que un cambio introducido por el nuevo Código Civil y Comercial ha generado perjuicios en el proceso, al atribuir las declaraciones de abandono a los saturados tribunales de familia. “Esa norma es inconstitucional. Lo único que se ha conseguido es prolongar mucho más todo el proceso de adopción. Se le atribuye una función más a un tribunal ya saturado”, apuntó.

El magistrado insistió en que muchas de las leyes nacionales no contemplan las particularidades de las distintas provincias: “No se puede aplicar el mismo modelo en Formosa que en Córdoba o Buenos Aires. Somos un mosaico diverso desde lo cultural, económico y social”.

En tanto, indicó que la provincia tiene que recurrir a otro tipo de instituciones, para que el menor tenga acceso fácil a alguna autoridad o a alguna institución para hacer sus reclamos o para hacer los planteamientos.

Rechazo a la baja de edad de imputabilidad

El debate sobre la baja de edad de imputabilidad, un "tema viejísimo" que resurge cíclicamente, fue calificado por el jurista como "absolutamente inconstitucional".

"La Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, compromete al Estado a mejorar la situación de los menores, no a empeorarla”. 

“No puede ser que la respuesta del Estado sea sacar a los chicos de las calles para meterlos en una cárcel”, remarcó. “La reinserción social prácticamente no existe, y la infraestructura penitenciaria tampoco está preparada para contener a menores junto a adultos”.

Padilla Tanco enfatizó la contradicción de exigir responsabilidad a quien no se le han dado las herramientas. "Es fácil responsabilizar a alguien a quien no le damos los elementos y la formación que se le debe dar a todo niño", cuestionó, y aseveró: "El Estado está en deuda con los menores, no cabe ninguna duda".

Además, expuso el "desfasaje bastante importante" de la actual ley penal juvenil, sancionada durante la dictadura militar, que en muchos aspectos "resulta inaplicable" por el cambio en la mayoría de edad. 

El magistrado finalizó con un llamado a la sociedad y a las autoridades a respetar la Constitución y a no "desandar todo este camino que se hizo de consensos sociales y de tratar de proteger los derechos conquistados. Avanzar, no retroceder".