Causa Vialidad: decomisan bienes millonarios a Cristina y Lázaro Báez

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por $684.990.350.139,86 en el marco de la causa Vialidad, que investigó la administración fraudulenta del Estado mediante la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz. La resolución, firmada el 18 de noviembre de 2025, implica la mayor incautación económica dictada en un caso por corrupción en la historia judicial argentina.

La medida recae principalmente sobre Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, y también sobre Máximo y Florencia Kirchner, en su calidad de titulares de parte de los bienes vinculados. El decomiso incluye propiedades de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, así como bienes personales cedidos o adquiridos durante el período investigado (2003–2015).

El monto inicial, fijado en 2022 en poco más de $84.800 millones, fue actualizado a valores actuales por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, peritos oficiales y fiscales. Los condenados no cumplieron con la intimación de pago, motivo por el cual el tribunal ordenó avanzar con la tasación y ejecución inmediata de los activos.

Quiénes quedan alcanzados

Además de la ex presidenta, sus hijos y Báez, la resolución extiende la medida a otros condenados:

• Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional)
• José López (ex secretario de Obras Públicas)
• Mauricio Collareda
• Raúl Pavesi
• Raúl Daruich

En caso de que los bienes principales no alcancen para cubrir el monto total, también podrán ejecutarse bienes pertenecientes a estos exfuncionarios.

Qué bienes se decomisan

Los activos identificados incluyen:

• Inmuebles adquiridos durante la ejecución de la supuesta maniobra delictiva (2003–2015).
• Propiedades de las empresas constructoras investigadas.
• Bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
• Bienes mixtos o transformados con fondos presuntamente ilícitos.

Todos deberán ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados.

El núcleo de la acusación

La sentencia firme, que data del 10 de junio de 2025, sostiene que hubo un beneficio económico directo e indirecto para Báez y la familia Kirchner mediante la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz. El fallo remarca que los bienes sujetos a decomiso constituyen “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso si están en manos de terceros, salvo que hayan sido adquiridos de buena fe.

Para fundamentar la decisión, el tribunal citó estándares internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública.

Defensas y objeciones

Las defensas de Cristina Kirchner, Báez y otros imputados cuestionaron la medida alegando:

• Falta de acreditación del nexo entre los bienes y el delito.
• Vulneración de principios constitucionales.
• Inclusión de bienes previos al ejercicio de cargos públicos.
• Duplicación de bienes ya investigados y sobreseídos en otras causas.

El tribunal rechazó cada planteo al considerar que la sentencia firme ya acreditó el origen ilícito de los beneficios obtenidos.

Qué sigue ahora

La resolución fue remitida a la Corte Suprema, que deberá definir el destino final de los bienes incautados. Según la normativa, el objetivo prioritario es reparar el daño económico al Estado.

La Fiscalía mantiene la facultad de seguir identificando nuevos bienes para ampliar el decomiso, siempre que cumplan los parámetros fijados. El proceso de realización y venta se ejecutará bajo los mecanismos previstos por la ley.

Con esta decisión, la causa Vialidad entra en una etapa clave de recuperación de activos, en un expediente que involucra a los nombres más relevantes del poder político y empresarial de las últimas dos décadas.