La UNaF acumula denuncias por persecución docente y fallas administrativas

En la primera semana de noviembre, casi medio centenar de docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) recibió notificaciones de apertura de juicios académicos. Las actuaciones apuntan a quienes en 2021 habían impulsado una autoconvocatoria de la Asamblea Universitaria para reclamar la normalización institucional del establecimiento.

Las autoridades del Rectorado, encabezadas por Augusto Parmetler y el vicerrector Emilio Grippaldi, califican aquella acción como un intento de “golpe institucional”. Desde entonces, los docentes involucrados enfrentan un proceso que organismos nacionales y gremios universitarios consideran una forma de persecución política.

La medida se complementa con la incorporación a planta de personal afín a la gestión, en algunos casos sin concurso, bajo interpretaciones cuestionadas del convenio colectivo docente. De este modo, el Rectorado consolidó un padrón y una estructura interna favorable a su continuidad en el poder.

Auditorías y advertencias

Tanto la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como la Auditoría General de la Nación (AGN) observaron el funcionamiento institucional y administrativo de la UNaF.

La CONEAU, en su informe preliminar de julio de 2024, describió un “escenario crítico” y un “conflicto interno y aislamiento externo”, destacando la concentración de poder del Rectorado y la ausencia de concursos docentes. Según el documento, solo el 20,8% del plantel tiene cargos concursados, muy por debajo del 70% exigido por ley.

Por su parte, la AGN relevó irregularidades financieras y administrativas entre 2019 y 2021: gastos sin autorización, falta de control en el uso de fondos, adjudicaciones sin licitación y modificaciones en documentos oficiales. También cuestionó la ausencia de planificación y la ejecución de gastos superiores a los ingresos.

Un conflicto que escala

Los procesos disciplinarios abiertos podrían carecer de sustento legal: el convenio colectivo de trabajo fija un plazo de prescripción de dos años para las sanciones más graves, mientras que los hechos datan de 2021. Sin embargo, el Rectorado insiste en avanzar con las causas.

Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Red de Derechos Humanos expresaron su preocupación por los intentos de sancionar a docentes “por su ideario y posicionamiento político”. En la misma línea, la federación CONADU manifestó su solidaridad con los trabajadores de la UNaF y denunció una persecución “por razones políticas y sindicales”.

Aislamiento político y paradoja nacional

Paradójicamente, la UNaF es la única universidad nacional abiertamente alineada con el gobierno de Javier Milei, que reclama auditorías sobre todo el sistema universitario. Sin embargo, la institución formoseña acumula observaciones negativas de organismos de control integrados por representantes de distintos sectores políticos y académicos.

El vicerrector Grippaldi incluso fue candidato a convencional constituyente en las elecciones provinciales de julio, bajo un sublema libertario que no logró respaldo electoral significativo.

Tres años después de las elecciones internas que fracturaron la vida universitaria, la conducción de Parmetler busca completar el cerco institucional: disciplinar a la oposición y mantener el control absoluto de los órganos de gobierno. En ese contexto, la universidad que dice defender la autonomía se enfrenta a sus propios límites democráticos.