En plena crisis social, el Gobierno habilita fusiles para civiles

En una decisión que despierta fuerte controversia, el Gobierno de Javier Milei oficializó una resolución que autoriza a civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, bajo la categoría de uso civil condicional. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y establece un nuevo esquema de control a cargo del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad.

De esta manera, se reemplaza la prohibición que regía desde la década del noventa, permitiendo que legítimos usuarios y entidades de tiro adquieran armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares.

Según la normativa, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos estrictos, entre ellos: acreditar la identificación precisa del arma, disponer de un sistema de guarda tipo G2 para almacenamiento seguro, presentar una declaración jurada que justifique el uso deportivo, y no poseer antecedentes sancionatorios. Además, deberán contar con cinco años de antigüedad como legítimos usuarios y demostrar participación comprobable en competencias deportivas.

El Gobierno argumenta que el cambio busca reemplazar la prohibición general por un sistema de control focalizado y documentado, centralizado en el RENAR, que será responsable de las inspecciones y la fiscalización del cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.

Sin embargo, la resolución generó preocupación en amplios sectores de la sociedad, que advierten sobre el riesgo de ampliar el acceso civil a armas de alto poder de fuego en un contexto de creciente violencia y crisis social.

Con esta modificación, el Estado otorga un marco legal a la compra de fusiles semiautomáticos por parte de particulares, lo que para muchos especialistas abre un debate profundo sobre la seguridad pública y la responsabilidad del Estado en el control de armas.