Cámara Federal ratificó que ANDIS debe restituir fondos de pensiones suspendidas en Formosa

El Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. Leonardo Gialluca, calificó como una "lucha cultural" la disputa entre el Gobierno Nacional y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Tras la ratificación por parte del Congreso de la Ley de Emergencia, Gialluca advirtió que la anunciada judicialización por parte del Ejecutivo Nacional es "un capricho, un ensañamiento y una decisión que producirá un altísimo costo moral y político" para la gestión de Javier Milei.

En diálogo con FM Espacios 92.5, Gialluca desmenuzó las posibles consecuencias de esta puja de poderes, subrayando que el oficialismo se encuentra en un callejón sin salida desde lo argumental. "El único argumento que tiene el Gobierno Nacional hoy es: 'No tenemos plata para las personas con discapacidad'. Esta es una lucha que el gobierno viene perdiendo en dos frentes, uno fue el Garrahan y ahora este", afirmó, describiendo el enfrentamiento como un "empecinamiento del Gobierno de ir en contra de grupos altamente vulnerables".

Si el Poder Ejecutivo avanza con su amenaza de judicializar la Ley de Emergencia, enfrentará un panorama complejo. "Va a producir no solamente la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Presidente, sino que va a haber una catarata de juicios de cada persona con discapacidad pidiéndole al Gobierno Nacional que cumpla la ley", anticipó el ombudsman.

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Un respaldo judicial contundente

La Cámara Federal de Resistencia rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó la medida cautelar que ordena el cese inmediato de la retención y suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Formosa. La causa es impulsada por el Defensor del Pueblo de esa provincia.

Esta decisión judicial, que Gialluca describió como un "voluminoso fallo" basado en antecedentes nacionales, latinoamericanos y fallos de la propia Corte Suprema, es lapidaria: "Confirma que la ANDIS no solamente tiene que depositar los fondos de las pensiones suspendidas, sino que tiene que respetar el derecho a la salud y a una vida digna de las personas con discapacidad". Además, la Cámara insta a que las auditorías de las pensiones se realicen de manera transparente.

"El fallo están lapidario que el único recurso que le queda a la Agencia Nacional de Discapacidad es acudir a la Corte Suprema de Justicia", dijo Gialluca. 

Finalmente, Gialluca ofreció una profunda reflexión sobre el rol de la Justicia en el contexto actual, señalando que se ha convertido en el último bastión de resguardo ante la retracción del Estado.

"Cuando el Estado se retira y deja de cumplir las obligaciones que establece la Constitución, aparece el Poder Judicial para hacer cumplir las obligaciones sobre las personas con discapacidad", analizó.

Para el Defensor, esta dinámica evidencia un serio problema institucional a nivel nacional, dejando en claro que, ante la ausencia de políticas de cuidado y protección desde el Ejecutivo, la batalla por los derechos se dirimirá, inevitablemente, en los tribunales.