La SIDE habría espiado a CGT, jubilados y al Garrahan antes de elecciones

Un informe exclusivo, encendió una fuerte alarma institucional: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) habría desplegado tareas de espionaje interno contra organizaciones gremiales, sociales y políticas opositoras durante los meses previos a las elecciones. Los documentos secretos, a los que accedió el periodista, muestran que la agencia estatal elaboró reportes detallados sobre asambleas, paros, manifestaciones e incluso reuniones privadas, sin orden judicial y en contravención directa con la Ley Nacional de Inteligencia.

El reporte titulado Hechos Previstos 09JUL25 identifica como "objetivos de interés" a la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el sindicato de bancarios La Bancaria, el SUTNA, personal del Hospital Garrahan, trabajadores de Vialidad Nacional e incluso a jubilados que protestan cada semana frente al Congreso.

Espionaje sin orden judicial

De acuerdo a la ley vigente, ninguna agencia de inteligencia puede realizar tareas de seguimiento, vigilancia o recopilación de información sobre personas u organizaciones dentro del país sin autorización judicial expresa. Sin embargo, los informes elaborados por la SIDE habrían sido realizados de forma preventiva, con el objetivo de "anticipar" medidas de fuerza o protestas públicas.

Lejos de limitarse a cuestiones de seguridad, el seguimiento abarcó actividades gremiales legítimas, como planes de lucha, conferencias de prensa o articulaciones entre sectores sindicales. La CGT fue monitoreada por su rol central en la movilización del 7 de agosto, en conmemoración de San Cayetano, bajo la consigna "Pan, Paz y Trabajo". También se vigiló a las CTA por su convocatoria conjunta y su rechazo al ajuste económico impulsado por el Gobierno.

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Salud, jubilaciones y servicios públicos bajo vigilancia

El espionaje no se detuvo en las centrales sindicales. Personal del Hospital Garrahan fue seguido en sus protestas contra el vaciamiento de la salud pública, mientras que trabajadores viales aparecieron en los reportes por rechazar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, luego suspendido por la Justicia.

La Bancaria fue incluida por sus denuncias sobre una posible privatización del Banco Nación y por la convocatoria a paros nacionales. En paralelo, el SUTNA fue apuntado por su capacidad de movilización y su perfil combativo, pese a no encontrarse en conflicto abierto al momento del informe.

Particularmente alarmante resultó la inclusión de los jubilados que todos los miércoles se concentran pacíficamente frente al Congreso para reclamar por sus derechos previsionales. Según organismos de derechos humanos, es la muestra más evidente de una política de intimidación hacia sectores vulnerables.

Grave violación institucional

La recopilación de información sin autorización legal, sobre actividades amparadas por el derecho a la protesta, configura una violación grave al sistema democrático y al Estado de derecho. La Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 prohíbe expresamente este tipo de prácticas, que remiten a los peores antecedentes de la historia reciente del país.

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos exigen explicaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso, y reclaman el fin inmediato de cualquier actividad de inteligencia sobre ciudadanos en ejercicio de sus derechos. La investigación ahora abre la puerta a denuncias penales y pedidos de auditoría sobre el uso de los recursos estatales para espiar a la disidencia.

Fuente: La Nación