El plan oficial para blanquear dólares genera críticas y dudas

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre un plan de blanqueo de dólares generó confusión, preocupación y críticas entre economistas y diversos sectores sociales. A pesar de la expectativa generada, las medidas finalmente presentadas fueron “muy tibias”, según el economista e investigador del CONICET, Juan Martín Graña, del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (CEED) del IDAES-UNSAM.

Graña explicó a La Otra Mirada de FM Espacios, que lo anunciado hasta el momento no constituye un verdadero blanqueo: no hay ley aprobada ni cambios sustanciales. “Simplemente se bajan algunos controles, se elevan los montos mínimos de transferencia que requieren ser informados, pero sin una normativa efectiva para blanquear fondos no declarados”, aclaró. Además, destacó que la promesa de enviar una ley al Congreso aparece poco probable de concretarse este año, dado el contexto electoral.

Más allá de la forma, el fondo del asunto deja en evidencia los objetivos del Gobierno: aumentar la circulación de dólares en la economía para engrosar las reservas y mover mínimamente la actividad económica, en un contexto de estancamiento sostenido. Sin embargo, según Graña, las medidas resultan insuficientes para alcanzar esos fines.

Lo más alarmante, sostuvo, es el sesgo del programa: “Estas medidas benefician al 1% más rico, a quienes manejan grandes transferencias bancarias mensuales. No tienen ningún impacto positivo para la mayoría trabajadora”. Al mismo tiempo, subrayó la contradicción entre las concesiones a los evasores y el rigor con el que se persigue a los sectores más vulnerables, como el operativo en La Salada o la represión a la protesta social. “El gobierno es fuerte con los débiles y débil con los poderosos”, sentenció.

Una de las modificaciones más cuestionadas es que, en determinadas compras en efectivo, como las de inmuebles, ya no se requerirá informar el origen del dinero, ni los escribanos ni la AFIP (actual ARCA). Según Graña, esto podría abrir un “agujero negro” para el lavado de dinero. No obstante, matizó que la presión de organismos como el GAFI o el FMI habría frenado los aspectos más controversiales del plan.

Para el economista, las recientes medidas , junto con la intervención en paritarias, la prohibición del derecho a huelga y la criminalización de la informalidad laboral, marcan una tendencia clara: “El gobierno consolodó su alianza con los sectores más ricos, y está desmantelando progresivamente las herramientas del Estado que protegían a las mayorías”.

En definitiva, lo presentado hasta ahora no modifica el problema de fondo del plan económico: “No hay generación de empleo, no hay mejora en salarios, no se acumulan reservas y la economía no arranca”, concluyó Graña. La incertidumbre persiste, y las soluciones estructurales parecen aún lejanas.