El Periodismo también se defiende con derechos

Hay una valentía que no necesita credenciales ni discursos grandilocuentes. Alcanza con dejar de aceptar lo inaceptable. Eso hizo la periodista Leticia Martin cuando denunció que el Grupo Perfil, dirigido por Jorge Fontevecchia, le adeudaba seis meses de honorarios por su columna semanal. Seis meses de trabajo sin cobrar. Seis meses de compromiso profesional sin una remuneración acorde.

Su decisión de exponer públicamente esa deuda convirtió un reclamo individual en una discusión colectiva. Y ahí reside su mayor potencia: rompió el silencio que tantas veces protege a las empresas y deja a las trabajadoras a merced de quienes manejan el poder económico y editorial.

Porque no hablamos de un simple retraso administrativo. Hablamos de precarización laboral, de derechos vulnerados y de una industria que exige puntualidad, responsabilidad, calidad y compromiso, pero que demasiadas veces incumple su obligación más elemental: pagar por el trabajo realizado.

El periodismo no se sostiene con prestigio, vocación ni aplausos. Se sostiene con trabajadoras y trabajadores que investigan, escriben, chequean, producen, conducen y ponen el cuerpo todos los días. La vocación no paga el alquiler. El compromiso no llena la heladera. Y la libertad de expresión no puede construirse sobre la explotación de quienes la ejercen.

Desde una mirada feminista y gremial, hay otra dimensión que no podemos ignorar. Leticia lo expresó con claridad: a las mujeres se nos exige más y se nos perdona menos. En las redacciones, en los estudios, en las radios y en las plataformas digitales, la desigualdad también se manifiesta en las condiciones de contratación, el reconocimiento profesional y la posibilidad de reclamar sin temor a perder el trabajo.

La figura de la colaboradora monotributista suele funcionar como una pantalla: se exige disponibilidad, continuidad y disciplina de una trabajadora, pero se pretende eludir las responsabilidades que corresponden a una relación laboral. Y cuando alguien denuncia esa contradicción, aparece el riesgo de la censura, el aislamiento o la represalia.

Por eso, lo ocurrido en Perfil debe trascender el nombre de una empresa y el caso de una periodista. Nos obliga a mirar nuestras propias redacciones, a revisar las condiciones en las que trabajamos y a preguntarnos cuántas compañeras callan por miedo, cuántas facturas esperan durante meses y cuántas terminan aceptando lo que jamás debería naturalizarse.

Visibilizar no es hacer escándalo. Es defender derechos. Organizarse, reclamar salarios dignos, exigir pagos en tiempo y forma, fortalecer los sindicatos y acompañar a quien denuncia no son gestos corporativos: son herramientas para recuperar derechos y dignidad laboral.

Como mujer en los medios, sostengo que no hay libertad de prensa plena cuando quienes producimos la información trabajamos en condiciones de indefensión. No hay periodismo independiente si la supervivencia económica obliga a callar. No hay democracia comunicacional cuando el poder empresario decide cuándo paga y cuánto vale nuestra palabra.

Leticia Martin se animó a decirlo en voz alta. Ahora, el desafío es que su denuncia no quede en una viralización pasajera.

Porque cada vez que una trabajadora rompe el silencio, abre una puerta. Y cada vez que el colectivo se organiza para defenderla, esa puerta se convierte en una salida.

La palabra tiene valor. Nuestro trabajo tiene valor. Y nuestros derechos no se negocian con el silencio.