OPINIÓN
El fin justifica los medios...¿Quién paga los costos del delirio fiscal?
El Estado no puede dejar de existir, debe garantizar la protección, el desarrollo y la dignidad de sus ciudadanos. Actualmente, asistimos a un proceso de degradación del sistema donde la gestión pública mide sus éxitos únicamente en función de metas macroeconómicas, números fiscales y una baja en la inflación. En esa lógica, donde "el fin justifica los medios", la política pierde su esencia primordial: el arte de humanizar la gestión de una comunidad.
El presidente Javier Milei se erige como el artífice de un dogma macroeconómico que nos impone un experimento económico, donde los resultados parecen orientados a alimentar el ego personal del mandatario más que a resolver las privaciones y la escasez de la gente.
El Estado no desapareció, cambió su morfología y hasta achicó su alcance geográfico. Achicó la coparticipación en las provincias, la inversión pública, se redujo las garantías básicas de salud y alimentación.
Frente a este escenario, el relato oficial de un camino próspero choca de frente contra una realidad cotidiana angustiante, donde la incertidumbre y la desesperanza se palpan en las góndolas, en los comercios de barrio y en la mesa de cualquier familia trabajadora. La espuma del discurso económico se desvanece rápido cuando no alcanza para cubrir lo elemental: comida y medicamentos.
Milei propone y el Congreso dispone, esto desnuda una connivencia de los legisladores con el Poder Ejecutivo, generando un escenario político de profunda tensión y cuestionamiento.
¿Qué función cumple hoy el Congreso de la Nación? Los legisladores están allí porque le pidieron el voto al pueblo, comprometiéndose a ser sus representantes directos. Ocupan bancas de privilegio, con dietas desconectadas del contexto de crisis que atraviesa la ciudadanía, amparados por fueros e inmunidad política. Una clase privilegiada.
La ética y la idoneidad de muchos representantes están seriamente cuestionadas por una sociedad que se siente defraudada. En lugar de actuar como el freno contrapeso constitucional que defienda los derechos de las mayorías, gran parte del arco político parece haber aceptado un rol pasivo o cómplice, transformándose en verdugos del propio sistema democrático que deberían custodiar. Cuando el centro de la gestión deja de ser el bienestar de las personas y se prioriza la obediencia o el rédito individual, la representación está rota.
Frente a un presente ahogado por prioridades puramente financieras, a la ciudadanía le queda la mirada puesta en el horizonte electoral de 2027 como la principal ventana de esperanza para demandar un cambio de rumbo. La pregunta de fondo que hoy atraviesa a la sociedad es ineludible: si el costo de equilibrar las cuentas es el ahogo de las familias y el abandono de la dignidad humana, ¿A dónde vamos a parar?